BRASILIA, 14 Dic. (EP/AP) -
Los roces comerciales dentro del Mercosur no cesan y el miércoles Argentina manifestó su disgusto por la aplicación por parte de Uruguay de un arancel que afirma está prohibido por las normas internas del bloque.
"Le hemos informado a todos los socios del Mercosur que Uruguay ha dictado esto (de aplicar el arancel), que para nosotros es violatorio del Mercosur y hemos expresado nuestra insatisfacción", dijo hoy el secretario de economía del ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina, Alfredo Chiaradia, tras una reunión del llamado Grupo Mercado Común, una instancia de Mercosur, que prepara temas a discutir por ministros de Exteriores y presidentes.
Argentina y Uruguay están enfrentados desde hace meses por el tema de la construcción de plantas de celulosa en la frontera con Argentina, a orillas del río Uruguay. Chiaradia dijo que el Gobierno de Buenos Aires no acudiría a aplicar una "medida espejo" o represalia.
"En la medida que haya un escalamiento de medidas agresivas no estamos ayudando al Mercosur", explicó el funcionario. "Este tipo de medidas lo que hace es efectivamente que sí el Mercosur ande mal", agregó.
Varios delegados uruguayos negaron que la medida sea nueva o que perjudique a Argentina. "Nadie puede sentirse sorprendido con esto", dijo el coordinador alterno de la delegación uruguaya, Nelson Hernández, refiriéndose que el tema se discute desde hace al menos cinco años y hasta ahora el Gobierno decidió "unificar" su sistema.
El arancel 'ad-valorem', en media de 35 por ciento a 17 por ciento, será aplicado en breve a productos argentinos como harinas para panificación y pinturas, entre otros, procedentes de provincias como San Luis, La Rioja, Catamarca y San Juan, donde según el Gobierno de Montevideo los productores reciben ayudas o subsidios como descuentos impositivos si compran materia prima local.
Hernández explicó que de la corriente comercial bilateral argentino-uruguaya de unos 700 millones de dólares anuales, la medida afectaría a menos de 2 por ciento de los productos, pero que en un mercado como el de su país de tres millones de personas, los daños por las ayudas dadas por las provincias argentinas, afectaría potencialmente a más de 10 empresas.
"Nosotros tenemos derecho a defender los puestos de trabajo", dijo Hernández.
Para Chiaradia esas asistencias son "incentivos" que funcionan dentro de todos los países del Mercosur por lo cual tampoco, dijo, entiende por qué sólo Montevideo aplicaría la medida exclusivamente para productos argentinos.