BUENOS AIRES, 28 May. (EUROPA PRESS) -
Varios partidos políticos de la oposición y asociaciones de abogados y jueces han presentado en las últimas 24 horas más de veinte demandas ante diferentes tribunales de Argentina contra la reforma de la justicia promulgada el lunes por la presidenta, Cristina Fernández.
El Ejecutivo ha aprobado una serie de cambios en la justicia que han sido muy criticados por la oposición. Entre las reformas, destaca la renovación del Consejo de la Magistratura, que pasará a tener 19 miembros, sumándose un abogado y cinco académicos a los 13 actuales.
Además, este organismo será elegido en unas elecciones generales y cada partido incluirá a sus candidatos al Consejo. Cualquier decisión de la institución deberá ser respaldada por mayoría simple y no por las dos terceras partes como hasta ahora. La presidenta Fernández asegura que con los cambios en la justicia pretende su "democratización".
Los partidos opositores Unión Cívica Radical, el Partido Propuesta Republicana (PRO), el Frente Amplio Progresista, y Unión por Todos, entre otro, presentaron cada uno su propia demanda argumentando que la ley es anticonstitucional.
El líder de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Luis Cabral, ha presentado este martes a primera hora de la mañana la demanda contra la ley. "Nadie puede ser elegido por una vía distinta a la que la misma Constitución establece", ha indicado Cabral.
Esta norma "perturba de modo nítido y grave la independencia del poder judicial, afectando la estabilidad e independencia de los jueces", ha denunciado el dirigente de la asociación mayoritaria de jueces del país, según el diario 'Clarín'. A esta demanda se les han unido una decena de jueces que a título personal han presentado su denuncia contra la ley.
El Colegio Público de Abogados de Capital y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) ha presentado cada una su propia demanda. La FACA ha solicitado a los 81 colegios de letrados del país y a sus 200.000 socios que presentan su propia demanda "para evitar la politización de la justicia y que se afecte la independencia del poder judicial".