Actualizado 17/12/2013 21:28

Argentina/Uruguay.- Mujica da instrucciones a su Gobierno de no replicar a la decisión de Argentina de acudir a la CIJ

Gerardo Carella - Fotografía - Secretaría de Comunicación - Presidencia de la Re
GOBIERNO DE URUGUAY

El presidente asegura que la medida es provisional y revocable

MONTEVIDEO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente uruguayo, José Mujica, ha dado órdenes a los miembros de su Gobierno de que no respondan a la decisión tomada por Argentina de llevar a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la decisión de Montevideo de autorizar la ampliación de la producción de la papelera UPM-Botnia.

Según informa el diario 'Subrayado' en su edición electrónica, tras producirse el anuncio por parte del canciller argentino, Héctor Timerman, buscó una reacción de la Cancillería uruguaya, pero las fuentes gubernamentales consultadas les indicaron que Mujica ha dado instrucciones a los ministros de no hablar.

El propio Mujica fue el encargado de anunciar este miércoles la decisión de la ampliación de la producción a la prensa en su despacho y reconoció que seguramente su decisión causaría "tensión y malentendidos" pero defendió que "la función de gobernar a veces nos obliga a tomar decisiones dolorosas".

El mandatario también reconoció, según recoge este jueves la prensa local, que su decisión es "inoportuna" ya que Argentina se encuentra en periodo electoral, ante las elecciones parlamentarias de noviembre, "y naturalmente el clima cuando existen elecciones, no es el más adecuado como para tener razonabilidad".

"Hemos autorizado a la empresa a aumentar su producción a la mitad de lo que nos había solicitado, aproximadamente 100.000 toneladas", indicó Mujica, subrayando que se trata de un permiso de "carácter provisorio y revocable", ya que el Gobierno "exige la instalación de una torre de enfriamiento para asegurar que los fluidos lleguen al río a una temperatura por debajo de los 30 grados centígrados".

El presidente advirtió de que el enfriamiento debe realizarse "sin diluir nada" y precisó que también ha impuesto a UPM "como condición rebajar el contenido de fósforo que tiene precisamente el desecho que va al río, en el bien entendido que la fábrica es la que hoy tiene mejor guarismo en el mundo".

Asimismo, Mujica, que defendió que "muchas veces y en notoria soledad política" ha luchado por mantener la relación con Argentina "contra viento y marea", aseguró que "desde el punto de vista jurídico, Uruguay está procediendo de forma correcta, y que lo que está haciendo no merece ninguna objeción".

REACCIÓN DE ARGENTINA

No ha opinado lo mismo Argentina, que poco después de este anunció adelantó que recurrirá a la CIJ. "El Gobierno argentino ha resuelto recurrir a la CIJ por la decisión unilateral de Uruguay de permitir un aumento de la producción de UPM-Botnia", anunció Timerman en una comparecencia pública desde la Casa Rosada.

Timerman explicó que la decisión del Gobierno uruguayo "afecta a la soberanía ambiental de Argentina" porque el aumento de la producción en la papelera --una de las industrias más contaminantes del mundo-- perjudicará al entorno natural del río Uruguay, que sirve de frontera a ambos países.

Además, el jefe de la diplomacia argentina argumentó que "viola los tratados bilaterales", que obligan a Buenos Aires y a Montevideo a negociar cualquier medida que pueda cambiar el actual estatuto del río Uruguay.

Timerman acusó al país vecino de "romper unilateralmente" el diálogo que ayer iniciaron brevemente delegaciones de los dos países en Buenos Aires y al que se comprometieron sus respectivos presidentes para solucionar este asunto.

"Argentina lamenta que los intereses de UPM-Botnia se hayan convertido en un factor determinante en la relación con Uruguay", concluyó, reiterando que, tanto en este caso como en el de los "fondos buitre" su país "impedirá ser doblegado por una empresa multinacional".

ENCUENTRO MUJICA-FERNÁNDEZ

Para evitar una nueva batalla judicial por la papelera, Mujica y Fernández de Kirchner acordaron el pasado martes que delegaciones de los dos países se reunieran esta semana en Buenos Aires para resolver esta cuestión a nivel bilateral, pero apenas 24 horas después se ha producido el anuncio de Montevideo.

"Tenemos diferencias, podemos tener discrepancias, pero en definitiva todos los presidentes de la región tenemos que entender que la unidad es el único camino para seguir en paz", dijo la jefa de Estado argentina ante la atenta mirada de su homólogo uruguayo.

"Estamos en el mismo barco. El río que nos separa, es también el río que no une", aseveró Mujica, recordando que "los pueblos argentino y uruguayo son más que hermanos". "Nacimos de la misma placenta, tenemos un mismo sentir", destacó.

EL FALLO DE LA CIJ

El 20 de abril de 2010, la CIJ puso fin al primer asalto judicial de Argentina y Uruguay por UPM-Botnia, que mantiene enfrentados a los países vecinos desde 2003 por los supuestos daños ocasionados al medio ambiente por la empresa finlandesa.

El proceso judicial se remonta a 2006, cuando Buenos Aires denunció a Montevideo ante La Haya exigiendo el desmantelamiento de la papelera por su supuesta contaminación "sonora y visual", sus "malos olores" y su impacto sobre el turismo.

La CIJ dio un varapalo judicial a Argentina al considerar que "no hay motivo para el cese ni el desmantelamiento" de UPM-Botnia porque "la contaminación no puede probarse" al no haber una "relación directa" entre su instalación y el cambio climático en el río Uruguay.

A este respecto, añadió que los niveles de sustancias vertidas por la fábrica de celulosa a las aguas del río Uruguay son "insignificantes", si se comparan con los desechos que arrojan otras a ese importante caudal que comparten ambas naciones.

No obstante, la CIJ condenó a Montevideo por haber incumplido el Tratado del Río Uruguay al permitir la instalación de UPM-Botnia en la zona fronteriza sin informar previamente ni negociar las condiciones con Buenos Aires.

"Uruguay no respetó la obligación que le impone el artículo 7 (del acuerdo bilateral) de notificación a la CARU para que decida sobre los perjuicios; no respetó la obligación de negociar; y desconoció los mecanismos de cooperación", sentenció.

Por otro lado, el alto tribunal estableció lo que debería ser el "aprovechamiento racional" del río Uruguay, para el que Buenos Aires y Montevideo deberían promover "el desarrollo sostenible que garantice su protección y la de los derechos económicos de los estados ribereños".

"Todo cambio en el balance ecológico del río Uruguay debe ser asumido por ambas partes, que tienen la obligación de coordinar estas acciones como un rol central. Es importante que las dos respeten esta norma", concluyó.