LA PAZ, 1 Ago. (Notimérica) -
Este lunes entra en vigor en Bolivia la ley que permitirá a las personas transexuales y transgénero cambiar de nombre y de sexo en sus documentos de identidad.
"Definitivamente es un cambio histórico. Somos el país número 41 con Ley de Identidad de Género y estamos dentro de las cinco mejores leyes generadas", celebró la adjunta del Defensor del Pueblo, Tamara Núñez del Prado.
Aunque tendrán que esperar los 15 días que dura el proceso para ver finalizado su cambio de identidad, al menos 40 personas transgénero y transexuales iniciarán este mismo lunes sus trámites y se estima que serán cerca de 400 personas las que los tramiten en los próximos días.
Según el vicepresidente nacional del colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTB), Víctor Hugo Vidangos, 200 ya han mostrado interés en disfrutar de la nueva normativa, aunque solo ocho de ellos cumplían los requisitos necesarios.
Las condiciones para poder iniciar el cambio, además de tener como mínimo 18 años, son: realizar un examen técnico psicológico; presentar la carta de solicitud; adjuntar el certificado de nacimiento original, así como un certificado de datos de personas emitido por el Servicio General de Identificación Personal (Segip) sin observación, un certificado de libertad de estado civil expedido por el Sereci, un certificado de descendencia expedido por el mismo organismo, un certificado de registro judicial de antecedentes penales (Rejap) y una fotografía actualizada.
Una vez que las personas cumplan con los requisitos, transcurrirán 15 días para la emisión de la resolución administrativa que permita el cambio de nombre, sexo e imagen.
El proyecto de ley fue presentado a fines de noviembre de 2015 por el Ministerio de Justicia. En ese entonces la presidenta nacional del colectivo LGTB, Laura Álvarez, aseguró que la norma beneficiará a 1.500 personas "visibles" de esa organización.
De acuerdo con el director de la Fundación Igualdad, Alex Bernabé, a nivel nacional existen aproximadamente 5.000 personas pertenecientes a este colectivo. Además, calificó esta iniciativa como un avance importante para los Derechos Humanos, ya que todos los beneficiados podrán ejercer vida civil, así como acceder a servicios de salud y educación.