LA PAZ, 4 Ago. (EP/AP) -
La Asamblea Constituyente boliviana afronta hoy una nueva cuando queda poco para que se cumpla el primer aniversario de su constitución y después de que el Congreso Nacional aprobara ayer una ley que extiende las sesiones del foro con nuevas normas, lo que ha puesto en entredicho el deseo del presidente Evo Morales de "refundar Bolivia" con una nueva carta constitucional.
Centenares de indígenas del oeste del país marcharon pidiendo el cierre de la asamblea en la ciudad de Sucre, sede de las deliberaciones, al grito de "traidores" en alusión al acuerdo político entre oficialistas y opositores en el Congreso. "Ya no responde al movimiento indígena. Tiene que cerrarse, ya no es originaria (la constituyente)", afirmó desde la concentración el dirigente Martín Condori, del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyo (Conamaq).
El viernes, indígenas del este emplazaron a los constituyentes a aprobar al menos un texto preliminar de la nueva constitución a más tardar el 6 de agosto, el plazo original, y advirtieron que de no hacerlo presionarán para el cierre del foro.
En tanto, el Comité Cívico de Santa Cruz, la región más rica y extensa ubicada en el oriente, rechazó la ampliación de sesiones alegando que la constituyente alienta la confrontación y no la unidad de los bolivianos.
El acuerdo entre el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y los partidos de la oposición permitió que el Congreso aprobara el viernes la extensión de las sesiones de los constituyentes hasta el 14 de diciembre. La nueva ley señala que las reformas serán aprobadas por dos tercios de los votos en el foro.
Después habrá un referéndum para aquellas enmiendas que no logren ese porcentaje de votos y, finalmente, otra consulta para la aprobación final de la constitución. Además, la ley aprobada obliga a los asambleístas a cumplir con el mandato de un referéndum, en el cual cuatro de los siete departamentos votaron el año pasado en favor de gobiernos autónomos propios.
Pero algunos grupos del oficialismo y aliados del Gobierno se declararon en contra de la decisión del Congreso. La norma aprobada "invalidó el carácter originario de la Asamblea, la convierte en un apéndice del Congreso y la somete a un acuerdo político", afirmó hoy a la prensa el dirigente oficialista Raúl Prada.
"Las mayorías tienen que aprender a consensuar con las minorías, si no, no vamos a sobrevivir", comentó el vicepresidente Alvaro García.