LA PAZ, 28 Mar. (EP/AP) -
El Estado boliviano recibirá menos ingresos de los anunciados por el Gobierno por el decreto de nacionalización de los hidrocarburos y tampoco existen compromisos escritos para que las empresas petroleras hagan las inversiones que el Ejecutivo había adelantado, informó ayer el presidente de la hispano-argentina Repsol YPF en Bolivia, Luis García Sánchez.
En declaraciones ante el Senado, García Sánchez, aseguró que en el mejor de los casos, con altos precios para el gas natural, el Estado boliviano podría recibir como máximo un 76 por ciento por la explotación de uno de los campos más ricos del país, pero a lo largo de ocho años.
Asimismo, señaló que "en los dos próximos años el Estado no recibirá más del 54 por ciento", del campo Margarita, frente al 82 por ciento del que había hablado el presidente Evo Morales, como ingresos mínimos desde el sector por su decreto de nacionalización o el 96 por ciento anunciado por el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Manuel Morales Olivera. En este sentido, indicó que el momento de mayor participación podría ser 2015.
El lunes, el presidente de la brasileña Petrobras Bolivia, José Fernando de Freitas, también informó de que en el caso de los dos mayores campos de producción de gas de Bolivia, San Alberto y San Antonio --en los que son socios Petrobras, Repsol y la francesa Total-- la participación del Estado en boca de pozo será del 54 por ciento en los próximos años.
En tanto, el gerente legal y de asuntos institucionales de la francesa Total, Juan Marcos Braga, informó el pasado lunes al Senado de que los contratos firmados en el marco de la llamada nacionalización no obligan a la empresa a realizar inversiones en exploración y que esto dependerá de un programa propio aún en periodo de estudio.
Por su parte, el senador opositor Óscar Ortiz denunció que, según la información de Braga, el Gobierno había mentido a la población al montar "un show" con la firma de los contratos, transmitida por la red estatal de televisión, el 28 de octubre de 2006.
Recordó que en esa oportunidad, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, había señalado que Total se comprometió en los contratos que firmó a invertir 1.100 millones de dólares solamente en dos campos. Dijo que con la nacionalización se lograrían inversiones no menores a los 3.000 millones de dólares hasta el final de la década.
El senador de la principal fuerza opositora 'Podemos', Carlos D'Arlach, quien presidió la sesión informativa a la que fueron convocados los ejecutivos de Repsol y Total, manifestó la preocupación de esa agrupación porque "estos contratos no contemplan obligaciones escritas de inversión".
El Senado concluyó ayer la primera ronda de sesiones a las que convocó a funcionarios, ex funcionarios y representantes de las petroleras para esclarecer los alcances de los contratos firmados por el Gobierno con ellas, el 28 de octubre, y presuntas irregularidades en esos documentos.
García Sánchez confirmó que Morales Olivera negoció, entonces como asesor general de YPFB, dos tipos de contratos, uno más duro que incluía el Anexo D1, y el otro más blando, que incorporó el Anexo D2, referidos a los llamados costos recuperables.
El ex superintendente de Hidrocarburos, Víctor Hugo Sáinz, indicó a la prensa tras la sesión que aún no entiende cómo YPFB firmó con Chaco, de la británica British Petroleum, un Anexo D2 en el que se le garantiza el reembolso del 100 por ciento de los llamados gastos recuperables, mientras que con Repsol el límite será del 60 por ciento y con Petrobras, del 40 por ciento.