LA PAZ, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
La diputada boliviana Milena Aracely Hinojosa, del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido del presidente Evo Morales, presentó ayer formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra la empresa Repsol YPF Gas de Bolivia, acusándola de haber recibido subsidios ilegales por importe de 37 millones de dólares (29,5 millones de euros).
La diputada, que ya había avanzado hace dos meses que presentaría la denuncia, pretende que se se investigue a los "autores materiales e intelectuales de los presuntos pagos y subsidios otorgados de manera irregular" a Repsol.
"No puedo creer cómo funcionarios inescrupulosos desfalcaron al Estado y entregaron de manera dolosa estos recursos por un supuesto pago de inexistentes subsidios al Gas Licuado de Petróleo (GLP) a favor de la empresa engarrafadora Repsol Gas de Bolivia", señaló Hinojosa, según la agencia oficial boliviana, ABI.
La diputada explicó que según un decreto de junio de 2000 sólo pueden beneficiarse de estos subsidios las empresas con licencia de operación y construcción para comercializar GLP antes de un decreto de 1999, mientras que Repsol Gas de Bolivia obtuvo su licencia de operación en septiembre de 2002.
Según la denunciante, el pago a Repsol Gas Bolivia empezó en 2002, y continuó hasta mayo de 2004. En mayo de 2004, el ex presidente Carlos Mesa emitió un decreto por el cual otorgó ese subsidio a todas las empresas engarrafadoras sin excepción, cumplan o no con los requisitos de ley.
La denuncia abarca, por lo tanto, el periodo 2002-2004. "Lo que se quiere lograr es recuperar los 37 millones de dólares y devolverlos al TGN, porque el estado necesita de ese dinero para programas en Salud y Educación", dijo la parlamentaria.
La denuncia se refiere a los subsidios que otorga el Tesoro General de la Nación (TGN) a las empresas para que la bombona de gas de 10 kilos no cueste más de 22.50 bolivianos.
El Estado boliviano, mediante notas de crédito fiscal, compensa a estas empresas distribuidoras la diferencia entre el costo de venta y el costo real, lo que representa un coste de entre 25 a 30 millones de dólares.
La empresa Repsol ya ha tenido que afrontar otra denuncia en el país, donde el pasado mes de marzo fue acusada de contrabando de petróleo.