El mandatario pide al Tribunal Constitucional que reactive pronto el juicio contra el gobernante por los sucesos de febrero de 2003
LA PAZ, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Bolivia, Evo Morales, solicitó al presidente de Estados Unidos, George W.Bush, "expulsar" del país norteamericano al ex mandatario boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada para que enfrente el proceso en su contra por los sucesos violentos de febrero de 2003.
Entre el 12 y el 13 de febrero de 2003, un total de 34 personas murieron durante un enfrentamiento entre grupos elite de la Policía, amotinados contra un supuesto incremento de los impuestos al salario, y el regimiento del Ejército que custodia el Palacio de Gobierno de La Paz.
Además, Morales pidió al Tribunal Constitucional agilizar los plazos para pronunciarse en contra de la resolución del Congreso que archivó el juicio de responsabilidades planteado contra el ex presidente Sánchez de Lozada, informó la Agencia Boliviana de Información (ABI).
El Tribunal Constitucional debe emitir un fallo sobre un recurso planteado por el Movimiento Al Socialismo (MAS, en el poder) contra la decisión asumida por el anterior Congreso Nacional, que no encontró justificado ampliar un juicio contra el ex mandatario por los sucesos de febrero de 2003, cuyo detonante fue el denominado "impuestazo" a los salarios.
El presidente Morales, su vicepresidente, Alvaro García Linera; los ministros de Defensa, Walker San Miguel; Presidencia, Juan Ramon Quintana, y Gobierno, Alicia Muñoz, acompañaron a los familiares de las víctimas trágicas de estas jornadas de violencia, que recordaron ayer lunes a sus seres queridos con una misa en la Catedral Metropolitana de La Paz.
CASTIGAR A LOS CULPABLES
El obispo castrense, general Gonzalo del Castillo, ofició el acto religioso y citó palabras del Papa Benedicto XVI, que dijo que "en la verdad de la paz, no puede haber paz sin verdad", en alusión a la necesidad de esclarecer estos hechos, ya que se negó la ampliación del juicio de responsabilidades.
El presidente, en una rueda de prensa después de participar de la misa, se refirió a este tema recordando que, a sólo dos días de estos lamentables hechos, se presentó una proposición acusatoria contra el entonces presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, que no prosperó debido al rechazo del entonces fiscal general, Oscar Crespo.
Esto obligó a presentar un amparo ante el Tribunal Constitucional que terminó obligando al Congreso Nacional reabrir este caso. Sin embargo, los últimos legisladores, en el epílogo de su gestión, decidieron cerrar el caso porque consideran que las autoridades respectivas, como la Fiscalía General de la República, no encontraron elementos para este juicio.
El mandatario informó de que esta nueva actitud obligó a recurrir ante el Tribunal Constitucional, que hasta el momento no se pronunció, por lo que pidió a esta instancia del Poder Judicial --en el marco de la independencia y respeto-- agilizar los plazos para emitir un fallo que haga viable un proceso orientado a esclarecer, identificar responsabilidades y sanciones contra los responsables de las jornadas de febrero.
Pidió también, a nombre del Gobierno y principalmente los familiares de las víctimas civiles, militares y policiales, rechazar esa resolución del Congreso Nacional que justamente "rechaza el juicio de responsabilidades a Gonzalo Sánchez de Lozada por los hechos tan luctuosos de febrero del 2003".
TAMBIEN LOS SUCESOS DE OCTUBRE
"Tiene que reabrirse este juicio de responsabilidades, no es posible que se ignore, que se oculte, y que no se vea el pedido clamoroso de los familiares. Estoy convencido que el Gobierno de entonces hizo mal uso de las Fuerzas Armadas, mal uso de la Policía Nacional para confrontar con el pueblo boliviano", consideró el mandatario, quien desde su condición entonces de parlamentario impulsó este proceso legal.
El inicio de este proceso contra Sánchez de Lozada, como sus ministros de la Presidencia, Carlos Sánchez; Defensa, Freddy Teodovich, y de Gobierno, Alberto Gasser, es de singular importancia para la institucionalidad democrática de la nación, junto al esclarecimiento y sanción a los responsables de los sucesos de octubre de 2003, en los que también murieron decenas de bolivianos.
El precedente que se marcará impedirá que futuros gobiernos democráticos "usen mal a las Fuerzas Armadas" y a la Policía Nacional", indicó, añadiendo que la institución armada "está para defender el territorio nacional, velar por la seguridad interna y participar en el desarrollo, mientras que la Policía está para servir al pueblo y no enfrentarlo".
Sacha Llorenti, nombrado embajador de Bolivia en Estados Unidos, tendrá como una de sus principales tareas precisamente agilizar la notificación al ex presidente Sánchez de Lozada, como a sus ex ministros que lo acompañan en Estados Unidos, del juicio que se le sigue y su obligación de asumir defensa.
Sánchez de Lozada, junto con algunos de sus colaboradores, después de los trágicos sucesos de octubre de 2003, abandonó el país y fijó su residencia en Estados Unidos.
"Quiero aprovechar esta oportunidad para que la comunidad internacional, el Gobierno de Estados Unidos vea el pedido clamoroso del pueblo, de las familias, víctimas de esas masacres, de esos enfrentamientos, y el pedido que hacemos, qué mejor, el gobierno de Estados Unidos expulsar, retirar cualquier asilo a estos personajes que dejaron mucho que desear en Bolivia, en Latinoamérica, en el mundo llevándonos a una confrontación", pidió el mandatario.
Los gobiernos democráticos no tenemos por qué encubrir "ni proteger a delincuentes", dijo y reiteró el llamamiento a Bush para hacer "justicia juntos, por el pueblo".