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LA PAZ, 22 Mar. (Notimérica/EP) -
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, ha pedido al Poder Judicial que acelere el proceso penal contra los implicados en el 'caso terrorismo', incluido el ex fiscal Marcelo Soza, que ha huido a Brasil.
"Lo central del 'caso terrorismo' es que, de una vez, la Justicia --el órgano judicial y la Fiscalía--, en el marco de sus reglas y competencias, establezca sanciones", ha dicho en una rueda de prensa celebrada en Cochabamba.
García Linera ha recordado que las pesquisas judiciales comenzaron en 2008 y que desde entonces jueces y fiscales, así como la comisión parlamentaria creada 'ad hoc', han recopilado "pruebas contundentes" sobre los implicados.
"Lo que queremos es que la Justicia avance. Después de cinco años, tiene que haber una sentencia. Los culpables, a la cárcel; y los inocentes, a su casa. Esto es lo que pedimos y vamos a seguir pidiendo en los siguientes meses", ha explicado.
El conocido popularmente como 'caso terrorismo' es una supuesta trama de algunos sectores de la oposición para derrocar y asesinar al presidente boliviano, Evo Morales, así como para dividir en dos el territorio del país andino.
El 16 de abril de 2009, la Policía abatió en un hotel de la ciudad de Santa Cruz a tres personas de diversas nacionalidades, uno de ellos de origen boliviano, y detuvo a otras dos por su supuesta implicación en un intento de magnicidio auspiciado por un grupo de empresarios y políticos autonomistas de esta pudiente región.
Han pasado cinco años desde entonces y el proceso judicial, lejos de solucionarse, ha ido complicándose con el paso del tiempo. Actualmente, el caso cuenta con 39 acusados y ha experimentado dos cambios de tribunal y el encarcelamiento de tres abogados del Estado por supuesta corrupción.
HUIDA DE SOZA
Uno de los supuestos implicados es Soza, que renunció a llevar el 'caso terrorismo' como fiscal porque, según ha denunciado recientemente a través de una cara, el Gobierno le pidió "que realizara acciones investigativas que vulneraban derechos" y "que incluyera a líderes cruceños contra los que no había pruebas".
Tras su salida de la causa judicial, las autoridades bolivianas acusaron a Soza de extorsionar a los testigos del caso para que implicaran en este supuesto entramado terrorista a líderes políticos y sociales de Santa Cruz.
En este contexto, el que fuera representante del Ministerio Público boliviano huyó el pasado 11 de marzo a Brasil y solicitó asilo al Gobierno de Dilma Rousseff, alegando que es víctima de "una persecución política".
El Gobierno de Morales, que ha calificado a Soza de "delincuente confeso", ha emitido una orden de captura en su contra. Sin embargo, Brasil ha aclarado que no podrá ejecutarla, ni extraditar al ex fiscal, porque le ha concedido un refugio condicional de 180 días.