LA PAZ, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía General de Santa Cruz de la Sierra aclaró hoy que la suspensión de la orden de detención de un directivo de Andina --la filial de Repsol YPF en Bolivia--, es "temporal", a la espera de que declare el próximo 9 de marzo ante los fiscales sobre un presunto delito de contrabando de petróleo.
La orden de detención fue cursada el pasado viernes contra Julio Gavito, gerente general de Andina, y "ha sido suspendida, pero no revocada", según informó el fiscal Alberto Cornejo, quien precisó que tomó esa decisión después de que los abogados de la empresa pidieran postergar la audiencia a la que Gavito no se presentó el viernes.
"Esa orden de detención contra el directivo español fue aprobada el viernes y al final fue suspendida el mismo día porque los abogados (de la empresa) argumentaron que (Gavito) se encontraba fuera del país cumpliendo obligaciones de trabajo", afirmó el fiscal Cornejo a la agencia Associated Press.
Sin embargo, poco antes el comandante de la Policía, Wilfredo Torrico, había dicho que la orden seguía en vigor porque no había recibido ninguna instrucción contraria. "Se ordenó la búsqueda y detención de esta persona. No hemos recibido ninguna contra orden, así que si se descubre será aprehendido como indica la ley", señaló.
La confusa situación se vio agravada por las fiestas de Carnaval que se han celebrado en todo el país desde el fin de semana hasta ayer martes. De hecho, la Fiscalía atribuyó el retraso registrado en la comunicación al jefe policial por el Carnaval. "La policía ha estado muy ocupada resguardando la seguridad", indicó.
Tanto Gavito como Pedro Sánchez, gerente de operaciones de Andina, declararán el próximo 9 de marzo ante los fiscales con el objetivo de colaborar con las autoridades gubernamentales y judiciales sobre la situación de la empresa tras la denuncia por presunto contrabando, según informó ayer la compañía en un comunicado.
Ambos directivos se habían presentado ante la justicia la semana pasada para solicitar por escrito una prórroga para la declaración, en el marco de los derechos constitucionales, debido a que ambos contrajeron compromisos ineludibles de trabajo con antelación enmarcados en la figura legal de "impedimentos legítimos".
VISITA DE BRUFAU
En este contexto, está previsto que el presidente de Repsol YPF, Antoni Brufau, llegue en los próximos días a Bolivia para recuperar las buenas relaciones de la petrolera con el país andino. De hecho, durante su estancia en La Paz se espera que Brufau mantenga un encuentro con el presidente Evo Morales.
El presidente boliviano recibió el pasado sábado al embajador español en La Paz tras conocerse la decisión de un fiscal de lanzar una orden de búsqueda y captura contra el representante de la petrolera hispano-argentina en el país, y le transmitió su sorpresa por esta actuación judicial.
El embajador español se reunió previamente con los ministros de Obras Públicas y de Planificación tras la actuación judicial contra Repsol-YPF y constató, tanto en estas entrevistas como con la de Evo Morales, que el Ejecutivo de La Paz ha recibido la noticia con sorpresa en un momento en el que se dispone a entablar negociaciones con la compañía de Antoni Brufau para cerrar acuerdos.
El propio Brufau telefoneó al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, a Doha (capital de Qatar) para expresarle su preocupación por las noticias provenientes de La Paz.
El jefe de la Diplomacia española le contó las gestiones que la Embajada española está haciendo sobre este caso y que la decisión del fiscal parece fruto de un afán de protagonismo de este último.
CONTRABANDO DE CRUDO POR VALOR DE 9,2 MILLONES
La Aduana Nacional de Bolivia presentó la semana pasada una denuncia contra Andina, filial de Repsol YPF, por el citado presunto contrabando de unos 230.000 barriles de crudo por valor de 9,2 millones de euros (unos 7,7 millones de euros), así como la supuesta falsificación de documentos aduaneros.
Así lo confirmó el presidente la Aduana Nacional, Ricardo Alba, quien afirmó en un comunicado que el informe final del proceso de fiscalización a las exportaciones de petróleo entre junio de 2004 y julio de 2005 establece que hay "indicios de presunta comisión de delito de contrabando" de la petrolera Andina.
Además, aseguró que la Aduana Nacional envió oficialmente a Andina una copia del informe final en el que se establece la falsificación de documentos aduaneros, y anunció que presentará una denuncia de estos presuntos delitos al Fiscal Adscrito a la Aduana en el Distrito de Santa Cruz "para iniciar el proceso penal correspondiente".
Ante estas acusaciones, fuentes de la petrolera que preside Antonio Brufau aseguraron a Europa Press que su filial Andina cumplió con la legalidad vigente en las exportaciones de crudo realizadas en Bolivia entre 2004 y 2005, con el pago de los impuestos y la presentación de los documentos correspondientes.
Andina, participada a partes iguales por Repsol YPF y el Estado boliviano, "ha pagado los impuestos correspondientes en todo momento y nunca ha existido alteración de documentos ni dolo", aseveró la petrolera, tras recordar su vocación de permanencia en el país y su voluntad de cooperar con el Gobierno para "encontrar fórmulas que permitan seguir avanzando en el bienestar de la sociedad boliviana".
Esta denuncia fue el segundo revés contra Repsol YPF desde que el pasado 21 de enero Evo Morales asumió el poder en el país andino. El primero fue por la inscripción a nombre del Estado boliviano de las reservas que la petrolera tenía a su nombre en varias bolsas internacionales, anunciada por el Ministerio de Hidrocarburos.