LA PAZ, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las investigaciones del caso ENRON se cerraron hoy después de dos años y dos meses de investigación. El pasado 21 de noviembre, el Ministerio Público dispuso el sobreseimiento de nueve ex autoridades que participaron directa e indirectamente en la negociación y en la firma del contrato entre la empresa pública YPFB y la empresa estadounidense ENRON. La Fiscalía finalmente desistió de enjuiciarlos después de dos años, según se informó hoy.
En septiembre de 2004, el entonces delegado para la Revisión y Mejora de la Capitalización, Juan Carlos Virreira presentó una denuncia ante el Ministerio Público por supuesto incumplimiento del Acuerdo de Asociación Accidental con Pacto de Accionistas suscrito con YPFB. Según la acusación inicial, Enron se quedó como socia aún después de declararse en quiebra en Estados Unidos sin haber aportado la inversión comprometida.
Entre los sobreseídos que trabajaron en el primer Gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada están Carlos Miranda Pacheco, Gonzalo Chávez Álvarez, Jorge Mauricio González Sfeir, Jorge Alfredo Lema Patiño, Édgar Raúl Claure Paz, Fernando G. Gutiérrez Zalles, Raúl España Smiht, Jesús Arturo Castaños Ichazo y Hugo Peredo Román, informa hoy el diario boliviano 'La Razón'.
"La suscrita fiscal, Tania Alfaro, en uso de sus atribuciones y con la facultad que le otorga la Ley 1970 y la Ley Orgánica del Ministerio Público, concluye que los elementos de prueba aportados durante la investigación y etapa preparatoria de juicio son insuficientes para fundamentar una acusación", según el informe presentado hoy por la fiscal.
ENRON comenzó a operar en Bolivia justo después de la capitalización, en 1996. La petrolera ingresó mediante un consorcio con la compañía Shell para administrar el servicio de transporte de hidrocarburos, bajo el nombre de 'Transredes'. El 2001, la empresa quebró y la empresa Prisma se hizo cargo de sus acciones en Transredes.
Ya en 1994 la empresa y el Estado suscribieron un contrato para financiar un gasoducto a Brasil que costó 2.000 millones de dólares (1.520 millones de euros).
En estos momentos el Gobierno de Evo Morales trata de comprar las acciones de esta empresa y las de Shell y obtener así el control de Transredes.
A principios del 2004, el Gobierno de entonces inició otra demanda que no prosiguió para recuperar 130 millones (98,78 millones de euros) de dólares que la Enron habría estafado al Estado boliviano, según se dijo en esa oportunidad.
En junio de este año, el entonces ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, solicitó a la fiscalía iniciar una demanda en contra de Sánchez de Lozada que actualmente vive en Estados Unidos y contra de ex ejecutivos de Enron por contratos lesivos, pero la investigación tampoco ha prosperado aunque el caso no está cerrado.