LA PAZ, 9 Sep. (EP/AP) -
La fiscalía de La Paz allanó el viernes en la tarde las oficinas de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para confiscar documentos sobre un contrato presuntamente irregular que firmó la compañía.
La intervención fue encabezada por la fiscal anticorrupción, Geovana Mendoza, en el marco de una investigación en contra del ex presidente de esa empresa Jorge Alvarado, por la firma de un contrato de exportación de petróleo a Brasil.
El negocio también involucraba a la refinera brasileña Univen.
"Estamos en el proceso de investigación y el momento en que emitamos una resolución haremos conocer los detalles", dijo la fiscal, la cual incautó documentación variada y archivos informáticos con orden judicial.
El caso detonó a principios de agosto cuando la Superintendencia de Hidrocarburos denunció que el contrato con Iberoamericana causaría daño económico para el estado por 38,5 millones de dólares, pues obligaba a YPFB a vender a esa compañía privada 2.000 barriles de petróleo diarios a precios bajos y comprarle diesel a precio de mercado.
Una auditoría del Ministerio de Hidrocarburos determinó que el convenio violaba normas de la nacionalización de los hidrocarburos.
El negocio no llegó a concretarse, pero detonó una crisis política ante la presión de los partidos opositores y la negativa del Gobierno a destituir a Alvarado, uno de los autores de la nacionalización y muy allegado al presidente Evo Morales.
Alvarado renunció hace dos semanas, pero no acabaron los dolores de cabeza para el mandatario.
El recién nombrado superintendente de Hidrocarburos, Santiago Berrios, renunció a su puesto por una disputa con una empleada ligada al partido oficialista que supuestamente la estaría protegiendo. Berrios cuestionó la idoneidad profesional de la funcionaria.