Actualizado 14/03/2006 22:23

Bolivia- La Fiscalía tiene evidencias de que los misiles de fabricación china "salieron del país de forma irregular"


LA PAZ, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El informe de la Fiscalía boliviana sobre el caso de 41 misiles de fabricación china propiedad de las fuerzas Armadas que fueron llevados a Estados Unidos para ser destruidos, "salieron del país de forma irregular", según explicó hoy el ministro de Defensa de Bolivia, Walker San Miguel, quien declaró que por ello se pedirá la apertura de un juicio de responsabilidades contra el ex presidente del país, Eduardo Rodríguez, entre otros implicados.

En una rueda de prensa, el ministro dio a conocer detalles de la investigación realizada por el Ministerio Público en relación a la desactivación de 41 misiles de origen chino, propiedad del Ejército, en Estados Unidos, y que según el documento "no eran obsoletos ni inútiles", pero fueron trasladados hasta una base militar para su destrucción.

Según el informe de la Fiscalía General de la Nación, para que esta operación pueda llevarse a cabo, el Congreso debe dar su aprobación con al menos dos tercios de votos de la cámara, algo que no se realizó en este caso.

Por ello la Fiscalía solicitó requirió el inicio de un juicio de responsabilidades con el ex presidente de la República, Eduardo Rodríguez, el ex ministro de Defensa, Gonzalo Méndez y el ex comandante en jefe de las FF.AA, Almte.Marco Antonio Justiniano. Los supuestos delitos por los que se pide la apertura de un proceso son: sometimiento total o parcial a dominio extranjero, espionaje, revelación de secretos, resoluciones y órdenes contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes, falsedad material e ideológica y supresión o destrucción de documentos, según recoge la Agencia Boliviana de Noticias.

Así, el ministro de Defensa, indicó que el mandatario Evo Morales pidió al presidente del Legislativo, Alvaro García, -del partido gobernante- que convoque a la mayor brevedad al Congreso a tratar el proceso y aprobar el juicio, dada la gravedad del caso, registrado en octubre de 2005.

En este punto, dijo que de aprobarse el proceso, como el Gobierno espera, el Ejecutivo se acreditará como parte civil, para lo cual se prepara el equipo jurídico del Ministerio de Defensa, y pidió que se prohíba salir del país a los acusados.