LA PAZ, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
El alto mando militar boliviano rechazó este miércoles una orden judicial para entregar a la Fiscalía los archivos secretos de la dictadura de Luis García Meza e investigar las cientos de muertes y desapariciones ocurridas durante el régimen, informó el fiscal Milton Mendoza.
La desclasificación de los documentos fue ordenada la semana pasado por el juez Roger Velarde, dando así respuesta a una solicitud de Mendoza que esgrime como argumento la transparencia de la información pública que establece la nueva Constitución aprobada en referéndum en 2009.
No obstante, la visita este miércoles del fiscal Mendoza y de algunos familiares de las víctimas al Gran Cuartel General de La Paz --la sede central militar-- se frustró cuando se les negó el acceso al archivo y se les impidió revisar la documentación, pese a que tenían en su poder la orden judicial emitida por Velarde.
"Hemos sido informados por la cúpula de las Fuerzas Armadas que esa institución ya había entregado documentación al Poder Judicial al respecto y lo seguirá haciendo a los canales correspondientes, no así al Ministerio Público", comentó el fiscal.
El actual comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia se ha negado a presentar la documentación requerida y, a través de dos memoriales, se comprometió a entregar al tribunal que lleva este proceso los archivos de los desaparecidos entre el 17 de julio de 1980 y 10 de octubre de 1982, período en el que gobernaron los militares García Meza, Celsor Torrelio Villa y Guido Vildoso.
"Esta negativa de la autoridad militar será valorada por la fiscalía y tomaremos decisiones judiciales al respecto", advirtió Mendoza al calificar esta decisión como un "despropósito porque la orden judicial era que la entrega de esa documentación se haga a la Fiscalía".
El Gobierno de Evo Morales ha impulsado la iniciativa de abrir los archivos secretos militares para investigar las decenas de desapariciones de izquierdistas, entre ellos, el ex líder del Partido Socialista Uno (PS-1), Marcelo Quiroga Santa Cruz, asesinado por grupos paramilitares el 17 de julio de 1980 durante el golpe de Estado que encumbró a García Meza, que actualmente purga una condena de 30 años de prisión.
Pero los familiares de los desaparecidos en las dictaduras que tuvieron lugar entre 1964 y 1982 han pedido al Gobierno de Morales que se desclasifiquen todos los documentos de las Fuerzas Armadas correspondiente a este período, a fin de esclarecer estos crímenes.