LA PAZ, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ministro bolivia de Planificación del Desarrollo, Carlos Villegas, anunció que el Estado participará del 50% de las ganancias que la compañía india Jindall Steel and Power obtenga de la explotación e industrialización de las reservas de hierro y manganeso del Mutún, yacimiento situado en el sureste del país, a través de un proyecto que arrancará en 2007.
La inversión inicial será de 200 millones de dólares, unos 155 millones de euros. Después, a lo largo de los primeros 10 años, la empresa india proyecta invertir 2.300 millones de dólares (unos 1.790 millones de euros). El Estado boliviano prevé ingresos por encima de los 100 millones de dólares (77,9 millones de euros) anuales, informó la Agencia Boliviana de Información (ABI, oficial).
"Quiero aclarar tajantemente que Bolivia va ha tener una participación en regalías e impuestos del 50%", declaró Villegas, desmintiendo las informaciones que apuntaban a que el Estado tenía sólo un 48% de participación en el proyecto siderúrgico que fue adjudicado a esa empresa india el pasado jueves, 1 de junio.
El presidente de la empresa india que se adjudicó la explotación de las reservas, Naveen Jindal, se reunió ayer con el presidente Morales, con quien habló de la conformación de un directorio de cinco personas --tres designados por la compañía Jindall-- para la administración y gestión de la empresa.
"No es una sociedad accionaria, sino de operación que se decidió hacer compartida entre la (estatal) Empresa Siderúrgica del Mutún Bolivia y la Empresa Jindall", señaló Villegas, quien informó de que la conformación directiva es por tanto el 60% para empresa extranjera y 40% para la nacional.
De acuerdo a lo acordado el pasado 1 de junio, el contrato se suscribirá hasta el 31 de julio. En este período la empresa Jindall diseñará los estudios técnicos complementarios.
Una vez que el contrato sea suscrito por las autoridades nacionales y de la empresa adjudicataria, el documento será enviado al Congreso Nacional para que autorice y apruebe ese contrato relativo a la explotación de las riquezas nacionales. Este paso demostrará, según las autoridades nacionales, la transparencia con la que se realizaron las negociaciones y sellará la seguridad jurídica que exigen los inversores.