El presidente Morales anuncia una nueva fase del proceso de nacionalización de las compañías mineras
ORURO (BOLIVIA), 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno boliviano concretó hoy la nacionalización de la empresa fundidora de metal propiedad suiza Vinto militarizando esta mañana sus instalaciones ubicadas en el departamento de Oruro (suroeste del país) y nombrando a una nueva directiva.
Unos 200 militares, que desde ayer estaban acuartelados en la ciudad, tomaron hoy "por la fuerza" la sede de Vinto enfrentando la débil resistencia de los trabajadores que aún no conocían a fondo la decisión que el presidente Evo Morales anunció anoche, informó la prensa local.
Un grupo de mineros, indígenas y campesinos simpatizantes del oficialismo que se encontraban en distintas ciudades del país, partieron hacia Oruro para respaldar el reinicio del proceso de nacionalización de las compañías mineras.
Esta mañana, Morales leyó finalmente el Decreto Supremo 'Federico Escobar Zapata' que establece que se "revierte al dominio del Estado boliviano el Complejo Metalúrgico de Vinto con todos sus activos actuales" creando de esta manera una nueva empresa de nombre Nacional de Fundiciones Vinto, la cual tiene desde ya la potestad de "asumir de inmediato el control administrativo, técnico, jurídico y financiero".
Así, el presidente boliviano manifestó que este es un "día histórico" para Bolivia y su minería, tras destacar que esta medida responde al "mandato del pueblo boliviano de recuperar los recursos naturales en manos de empresas extranjeras".
Francisco Infantes fue designado como gerente de la recién creada compañía nacional y, aunque aún no se saben cuáles serán las medidas que aplicará el Estado sobre Vinto y sus empleados, Morales adelantó que está garantizada la estabilidad de toda la plantilla laboral.
Vinto perteneció al Estado hasta 1996, cuando fue privatizada por 14 millones de dólares (10,73 millones de euros) y en 2004 pasó a manos de la compañía suiza Glencore Internacional AG las propiedades mineras de COMSUR cuyo accionista mayoritario era el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien fue depuesto por una revuelta popular en octubre de 2003.
Desde el año pasado, Morales se había comprometido públicamente a investigar a Glencore alegando que el proceso de negociación que se hizo en el año 2004 no es del todo legal. Desde entonces, Vinto estuvo en la mira del Gobierno con la intención de hacerla una industria estatal como parte del proceso de nacionalización.
ANUNCIAN MÁS NACIONALIZACIONES
Durante su discurso en la sede de Vinto, el mandatario boliviano acotó que entró en una segunda fase el proceso de pasar a manos del Estado todas las empresas que manejen recursos naturales que estén en poder de propietarios privados extranjeros.
De esta manera, arremetió una vez más contra las multinacionales que desde hace décadas explotan minerales e hidrocarburos sin "respetar las leyes" del país, y resaltó que "sólo aquellas (industrias) que no roban plata al pueblo boliviano serán respetadas".
"Me asustaba cuando los analistas decían que Bolivia es inviable, eso me daba miedo, pero es inviable si se saquea los recursos naturales, algunas familias quieren a los trabajadores al pueblo para saquear y quieren al estado solo para robar y eso ha terminado", expresó.
Esta semana, cientos de trabajadores miembros de la Federación de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) promovieron una revuelta en los alrededores del palacio de Gobierno para exigir la anulación del alza de los impuestos mineros a las empresas privadas.
La situación se agravó de tal manera que los manifestantes atacaron a los cuerpos de seguridad con dinamita, tomaron de rehenes a cuatro policías y secuestraron dos vehículos del servicio público que devolvieron después de negociar con el Gobierno, reseñó la prensa local.
El presidente boliviano acordó el miércoles anular la medida pero acusó a los mineros de beneficiar indirectamente a las multinacionales poderosas alegando que de 1.000 millones de dólares (769,11 millones de euros) exportados en 2006 sólo pagaron en impuesto 58 millones de dólares (44,6 millones de euros).
De esta manera, anunció que el proceso de nacionalización de la minería entraría en una segunda fase en la que las compañías foráneas debían entregar el control de la explotación y comercialización al Estado, tras acusarlas de "robar" al país.