LA PAZ, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno afirmó ayer que hará cumplir la reclusión de 90 días del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández Ferreira, establecido en el marco del estado de sitio decretado para ese departamento, informó la Agencia Boliviana de Información.
"La condición de Leopoldo Fernández es en calidad de confinado y va estar sometido a ello en el resto de los 90 días en La Paz; como Gobierno vamos a ser firmes en el cumplimiento de la medida, está confinado en La Paz y se quedará acá", aseguró el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez.
Con esta declaración, el ministro rechazó la decisión de la Corte Suprema de Justicia que, a través de un auto supremo, conminó al juez Williams Dávila, quien determinó la detención preventiva del Prefecto, a remitir todo el caso, y al mismo Fernández, principal acusado de la masacre de Pando, a Sucre para que prosiga el proceso en la Fiscalía General.
Chávez calificó a la decisión de la Corte Suprema como una "jugarreta judicial" que no cambia la situación judicial de Fernández. Además, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, dijo que se trata de un "auto supremo de la vergüenza, de la impunidad y del encubrimiento".
IMPUNIDAD
Explicó que la corte no sólo ordenó al juez que remita todo a la Fiscalía General, sino también al detenido "para que en ese lugar se lo ponga en libertad". "Este auto supremo de la vergüenza demuestra una vez más que en el país, la impunidad está institucionalizada porque las instituciones actúan o dejan de actuar para favorecer a la impunidad", mencionó.
Chávez, además, explicó que la decisión del juez Dávila de someter a un proceso ordinario a Leopoldo Fernández, es el primer síntoma de rompimiento de la impunidad en el mismo sistema judicial. "Sin embargo, al juez que dice que no debe haber impunidad, porque son delitos ordinarios, lo castigan, sancionan y conminan, esta es la forma de actuar de la Corte Suprema en su Sala Penal Segunda", expresó Chávez.
Asimismo agregó que el pueblo está pidiendo justicia y esa figura de "genocidio" que quiere aplicar la Corte Suprema, "no va a funcionar". Chávez declaró que el Gobierno usará todas las armas legales para hacer cumplir la normativa legal respecto a Fernández, tomando en cuenta que toda la Corte Suprema está trabajando para el Prefecto de Pando.
"Esto es resultado del cuoteo y están pagando favores a sus jefes, a sus patrones", mencionó. Mientras, Sacha Llorenti sostuvo que "este manto de impunidad bien podría venir de los abogados de defensa de Fernández, de sus correligionarios, cómplices y encubridores; pero no de la Corte Suprema".
FAVORECER A LOS DELINCUENTES
"Ahora (el Prefecto de Pando) ha encontrado un nuevo escenario para fortalecerse y no es otra que la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia", afirmó. Según el criterio de Llorenti, les ha llevado a los miembros de la Sala Penal Segunda tomar esta decisión sólo 3 a 4 horas, cuando un tipo de caso de esta naturaleza dura de 1 a 2 meses en la Suprema.
"En este caso las instituciones actúan para favorecer a los delincuentes, pero en otros, dejan de actuar para favorecerlos; comparemos esta situación con la forma cómo la Corte Suprema de Justicia actúa con el juicio de responsabilidades a Gonzalo Sánchez de Lozada, es un caso que lleva casi cinco años; este día va a quedar en la historia de la vergüenza", mencionó.
Por último, indicó que el Gobierno y los familiares no darán un paso atrás, no cejarán en los esfuerzos del país y la humanidad para evitar que estos casos queden en el encubrimiento y la impunidad.