Morales ha solicitado formalmente al Senado Nacional eliminar la partida de fondos reservados del Presupuesto General de la Nación
LA PAZ, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, denunció hoy que los 1.000 millones de bolivianos (unos 103,3 millones de euros)del Presupuesto General de la Nación destinados en los últimos 10 años a fondos reservados fueron utilizados "para sobornar dirigentes y comprar parlamentarios", según informaciones de la agencia oficial recogidas por Europa Press.
García aclaró que esta política "no va con el Gobierno" del presidente Evo Morales, por lo que el mandatario ha solicitado formalmente al Senado Nacional eliminar la partida de fondos reservados del Presupuesto General de la Nación. Además, Morales solicitó a sus antecesores rendir cuentas sobre el manejo de esta cuestionada partida presupuestaria.
El actual presidente del Senado, Santos Ramírez, en su condición de parlamentario de oposición (2002-2005), realizó una investigación de gastos reservados y estableció que, en los últimos 10 años, se gastó un total de 1.000 millones de bolivianos en fondos reservados.
Durante esta época se sucedieron en el poder los presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003); Hugo Banzer (1997-2001); Jorge Quiroga (2001-2002) y Carlos Mesa (2003-2005).
Ramírez dijo que nunca se pudo establecer en qué se invirtió ese dinero exactamente ya que, según la normativa aún vigente, las facturas en relación a estos gastos deben ser destruidas.
Yerko Kukoc, ex ministro de Gobierno de la última administración de Sánchez de Lozada, fue quien protagonizó el mayor escándalo respecto al tema de los fondos reservados en Bolivia.
Kukoc se declaró culpable en julio de 2004 del delito de "hurto agravado" que le imputó entonces el Ministerio Público por la tenencia ilegal de cerca de 1,59 millones de bolivianos y 77.185 dólares propiedad del Estado. El ex ministro se apropió de ese dinero tras la caída de Sánchez de Lozada, a cuyo gabinete perteneció hasta el 17 de octubre de 2003.
El ex responsable de la seguridad interna del país fue acusado, además, de no rendir cuentas sobre el destino de gastos reservados que administró en su gestión y que se estiman en 13,3 millones de dólares.
Según la Ley Financiera de 2003, Kukoc dispuso durante toda su gestión de 20 millones de dólares para gastos reservados, que se presume fueron destinados a controlar el estallido social de las jornadas de septiembre y octubre de 2003, las que provocaron la caída del gobierno de Sánchez de Lozada.
La justicia decidió no condenar al ex ministro por el delito de hurto por temor a que una eventual sentencia lo exima del juicio de responsabilidades por la violación a los Derechos Humanos y el desvío de fondos reservados.
El nombre de Yerko Kukoc figura en dos procesos de juicio de responsabilidades que están en manos de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República. Junto a él están Sánchez de Lozada y los miembros de su último gabinete de ministros.
En el proceso se analiza la responsabilidad del ex jefe de Estado, de 74 años de edad, y de su gabinete en la convulsión social y política que sacudió al país en octubre de 2003 y que tuvo como saldo más de 50 muertos.
El juicio político y penal contra el ex presidente y los miembros de su último gabinete fue solicitado por la Fiscalía General de la República por "la violación de los derechos y garantías individuales" en las violentas jornadas de octubre.