Recuerda a España que el caso todavía está en manos de la justicia por lo que Evo Morales "ni interviene ni presiona"
LA PAZ, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, afirmó hoy que el Ejecutivo del país andino hará "lo que tenga que hacer" cuando la justicia se pronuncie sobre el presunto caso de contrabando de petróleo por el que se investiga a la empresa Andina, filial de Repsol YPF en Bolivia.
"Para pronunciarnos en el presunto delito de contrabando de crudo y falsedad en documento aduanero que se investiga, necesitamos el veredicto judicial. Entonces ejecutaremos con firmeza lo que tengamos que hacer", afirmó García Linera.
Así, el vicepresidente recordó que de momento es un tema judicial en el que el Gobierno "ni interviene ni presiona", aunque garantizó que no haya excesos en el uso de las atribuciones legales, y así se lo han hecho saber a las autoridades españolas.
"Con Repsol hay la voluntad de cerrar acuerdos muy pronto (...). Nos parece muy buen socio, pero no el único. La visita de Brufau (el presidente de Repsol YPF) fue alentadora, por su disposición para trabajar", insistió en declaraciones a la prensa local.
En este sentido, confió que llegue a buen puerto la negociación con la petrolera, aunque reconoció la posibilidad de que no sea así. "Quizá no lo haya. Esperamos que los tratos con Repsol no se vean estorbados por el veredicto (por el supuesto contrabando)", añadió.
Con respecto a las quejas del Gobierno español por el arresto de los dos directivos de Andina y el registro de su sede en Santa Cruz, el vicepresidente insistió en que el mandatario, Evo Morales, no da instrucciones al poder judicial "porque eso es ilegal".
Al ser preguntado sobre la nacionalización de hidrocarburos, el vicepresidente dijo que en el caso de Repsol, donde Bolivia participa al 50%, se trasladarán las acciones estatales de la sociedad en fideicomiso en Administradora de Fondos de Pensiones al Estado.
"Y hay que comprar el 1% a Repsol para garantizar la mayoría estatal. No se va a expropiar. Que el estado sea accionista mayoritario, es garantía de la seguridad jurídica y la estabilidad de Repsol, y el mejor blindaje para la inversión", sentenció.