LA PAZ, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Evo Morales, así como organizaciones sociales, cercanas al partido oficialita Movimiento al Socialismo (MAS) y de la oposición, rechazaron frontalmente la propuesta formulada por las Fuerzas Armadas (FFAA) y el ministerio de Defensa que pretende incluir en la nueva Constitución el "secreto de Estado" y que sean los militares "en tiempos de democracia" quienes decidan o restrinjan la información que consideren que podría dañar o desprestigiar al Estado.
La iniciativa afirma que "bajo esta condición (de secreto de Estado) serán clasificados por el Poder Ejecutivo y de acuerdo a ley especial, los documentos información o material cuya difusión ponga en peligro la seguridad nacional o cause daño o desprestigio al Estado; sólo será levantado previo dictamen del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y aprobación del Poder Legislativo".
Según el director de la Asociación Nacional de Prensa de Bolivia, Gonzalo Torrico esta propuesta es absolutamente rechazable. "Ningún gobierno ha facultado a las FFAA para que en democracia se conviertan en censores y limiten el derecho a la información", según informa el diario boliviano 'La Razón'.
Por su parte, los representantes del MAS también mostraron este miércoles su oposición a la propuesta formulada por las FFAA y el ministerio de Defensa. "Los militares no pueden ampararse en la democracia para constitucionalizar el secreto de Estado", sostuvo el asambleísta del MAS, Marco Carrillo.
"Cualquier disposición legal que atente contra el derecho del soberano a informarse y tener acceso oportuno a información suficiente para tomar una decisión, no debe ser restringida, menos prohibida", recalcó.
Por parte de Unidad Nacional, el diputado Samuel Doria tildó de "absurdo" el proyecto. "En un sistema democrático, la información no puede tener carácter reservado", añadió.
"Sería un grave error del Gobierno restringir la libre expresión y estoy convencido de que la sociedad boliviana no la va aceptar", manifestó uno de los ponentes de la Constituyente, Guillermo Richter.
En el mismo sentido, los pueblos indígenas exigieron a la Asamblea Constituyente que "toda la información estatal deba ser accesible".
"Es un proyecto accesorio de la intención de prórroga indefinida en el poder del presidente Evo Morales que, además, atenta contra un principio universal", indicó el diputado de PODEMOS, Antonio Aruquipa, quien coincidió con los anteriores.
LA PROPUESTA
Sin embargo, el ministro de Defensa, Walker San Miguel expuso que en otros países la información se clasifica por motivos de seguridad nacional, pero que Bolivia, "país de apertura y transparencia, no tiene que hacer eso".
"Hoy no estamos en esos tiempos en los que se hablaba de secretos de Estado. No hay esa hipótesis de conflicto en las que los países se guardaban cierta información clasificada", afirmó San Miguel.
"No ha habido un tiempo de mayor transparencia que éste, por tanto no hacemos nuestra esa propuesta y menos para darle rango constitucional", señaló al referirse a la iniciativa que planteó a la Asamblea Constituyente (encargada de la futura Constitución) el presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (COSSDENA), José Luis Prudencio, la cual provocó el aluvión de críticas.
La propuesta apostaba porque la futura Constitución clasifique como reservados "los documentos, información o material cuya difusión ponga en peligro la seguridad nacional, cause daño y desprestigio al Estado" y que la reserva sólo será levantada con autorización del COSSDENA.