LA PAZ, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), que agrupa a más de 540 juntas vecinales de El Alto, exige al Gobierno de Evo Morales la nacionalización de los hidrocarburos sin otorgar indemnización a las empresas petroleras transnacionales.
Esta reivindicación es uno de los pilares de la Agenda de Octubre que fue planteada tras las jornadas de la denominada Guerra del Gas de 2003, cuyo epicentro fue El Alto, la cual adquirió el nombre de ciudad rebelde.
La Fejuve decidió volver a presentar sus demandas al actual Gobierno debido a que su pliego de peticiones no fue respondido por los ex presidentes Carlos Mesa Gisberth y Eduardo Rodríguez Veltzé.
El dirigente de la Fejuve, Carlos Rojas, informó de que la organización alteña ya no mendigará audiencias al actual presidente de la República, debido a que recientemente no fueron tratados con cordialidad en el Palacio de Gobierno donde acudieron varias organizaciones sociales de El Alto, principalmente la Central Obrera Regional (COR).
CUENTA ATRAS PARA EL GOBIERNO
Anunció que, de ahora en adelante, exigirán que el Gobierno cumpla con los plazos de pidio para responder a las demandas de los alteños, según informó hoy la agencia Bolpress.
El representante de la entidad vecinal informó de que comenzó la cuenta atrás para el actual Gobierno, que tiene que responder a varias demandas de los alteños, entre ellas la aprobación de la Ley de creación del Instituto Normal Superior de El Alto (INSEA).
Asimismo, explicó que ya se venció el plazo para que sea anulado el cobro del cargo fijo en las facturas de consumo de energía eléctrica. Anunció también que el actual Gobierno debe tomar la decisión de sacar del país a la empresa Aguas del Illimani
LAS DEMANDAS DE EL ALTO
Ayer, los dirigentes de la Fejuve presentaron formalmente el pliego de peticiones al Gobierno central, donde plantean principalmente en el ámbito nacional el juicio de responsabilidades contra los homicidas de febrero, septiembre y octubre de 2003.
Demandan también la reversión de las empresas estratégicas a favor del Estado boliviano, la abrogación del decreto 21060, devolver las tierras de los latifundistas al Estado para su posterior distribución equitativa, la creación de empleos dignos con estabilidad laboral y seguro social, la anulación de la subvención a los partidos, la supresión de las superintendencias y frenar el saqueo de la madera.
En el ámbito departamental, demandan la apertura de caminos en las 20 provincias del departamento de La Paz, el traslado del Aeropuerto Internacional, la culminación de la carretera Cotapata-Santa Bárbara y el incremento de presupuesto para La Paz.
Finalmente, en las demandas regionales piden la inmediata salida de Aguas del Illimani, la declaratoria de ley de prioridad para el financiamiento que otorgue la atención a los servicios básicos y el tendido de la red secundaria de gas domiciliario.