El Gobierno boliviano anuncia "una justa remuneración" y afirma que no va actuar "de manera arbitraria"
LA PAZ, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -
Efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana han tomado las instalaciones de las cuatro filiales de Iberdrola nacionalizadas este sábado por decreto por el presidente de Bolivia, Evo Morales.
En concreto, 740 policías han sido movilizados para la toma de las sedes de las distribuidoras de electricidad Electropaz de la Paz y Elfeo de Oruro y de las empresas de servicios Compañía Administradora de Empresas Boliviana y la Empresa de Servicios Edeser, todas ellas propiedad de Iberdrola.
El operativo contempla además la movilización de militares en las zonas rurales donde también existan instalaciones de estos dos proveedores. En las sedes de ambas eléctricas en La Paz se han desplegado pancartas con el lema "Nacionalizado", informa el diario boliviano 'La Razón'.
"El plan de operación contempla la movilización de 740 efectivos policiales, 540 en el departamento de La Paz y 200 en Oruro. Se ha hecho una coordinación con el Ministerio de Defensa según la cual en las áreas rurales las instalaciones deben ser resguardadas por el Ejército y en tanto que en las áreas urbanas por la Policía Boliviana", ha explicado el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
En el caso de La Paz, dijo el ministro, el despliegue policial se realizó en las zonas centro y sur de la capital, así como en la ciudad de El Alto. "Son 28 instalaciones que se encuentran al cargo directo de la policía boliviana", ha indicado.
Además, ya ha tomado posesión como gerente general de Electropaz el ingeniero René Ustariz en una ceremonia que ha contado con la presencia del vicepresidente, Álvaro García Linera, ministros y viceministros.
INDEMNIZACIÓN A IBERDROLA
García Linera ha justificado la nacionalización en base a preceptos constitucionales y ha anunciado una remuneración justa para Iberdrola. "Va haber una justa remuneración de lo que les corresponde no vamos a actuar de manera arbitraria (...) habrá un trato justo a los inversionistas. La Empresa Nacional de Electricidad (Ende) evaluará a través de un organismo independiente y entraremos en la negociación correspondiente para encontrar una salida negociada y no tengamos ningún problema", ha declarado García Linera, según recoge 'La Razón'.
El vicepresidente también ha dirigido un mensaje a los bolivianos: "Estamos en cumplimiento a la Constitución, de garantizar el servicio equitativo de los servicios básicos".
El propio decreto supremo que supone la nacionalización contempla que un organismo independiente contará con 180 días para realizar una tasación del valor de la participación de Iberdrola en las cuatro empresas nacionalizadas y determinar así la cantidad que deberá abonar el Estado a Iberdrola a través de Ende.
A través de su filial Iberbolivia, Iberdrola posee el 89,5% de las acciones de Electropaz y el 92,8% de Elfeo. La primera da servicio a más de 470.000 clientes, de los cuales aproximadamente el 89% del total son particulares, mientras que la segunda que cuenta con más de 80.000 clientes.
"Al igual que otros decretos de nacionalización, va a haber un tercero independiente que se va a hacer cargo de legalizar todo el estudio de valorización de la empresa", ha explicado la viceministra de Electricidad, Hortensia Jiménez, en declaraciones recogidas por la emisora Radio Fides. La propia Jiménez ha anunciado una reducción de hasta el 50 por ciento en las tarifas eléctricas en las zonas rurales cuyo servicio está cubierto por las compañías recién nacionalizadas.
TARIFAS EQUITATIVAS
El propio Morales ha anunciado la nacionalización en un acto celebrado en el Palacio Quemado de La Paz. "Nos hemos visto obligados a tomar esta medida para que las tarifas de servicio eléctrico sean equitativas en los departamentos de La Paz y Oruro y la calidad de servicio eléctrico sea uniforme en el área rural y en el área urbana", ha afirmado Morales. La medida "garantizará el derecho humanitario (a la electricidad) de los ciudadanos que bien en el área rural".
El mandatario boliviano ha criticado el "deficiente y desigual" el cobro de las tarifas en La Paz y Oruro y citó que en el área urbana de La Paz un usuario paga 0,63 bolivianos por kilowatio/hora (casi siete céntimos de euro) mientras que en el área rural se paga 1,59 bolivianos por kilowatio/hora (más de 17 céntimos), "es más del doble", ha recalcado.
El presidente justificó, además, su medida amparado en los artículos 20 y 378 de la Constitución, que establecen que el facultad privativa del Estado el desarrollo de la cadena productiva energética en las etapas de generación, transporte y distribución, a través de empresas públicas, mixtas, instituciones sin fines de lucro y que la cadena productiva no podrá estar sujeta exclusivamente a interés privados.
El decreto asegura la continuidad laboral de los trabajadores de base de las empresas eléctricas, aunque no la de los directivos y personal de confianza, ha explicado Morales, al tiempo que ENDE podrá utilizar a la fuerza pública para garantizar la distribución de energía en La Paz y Oruro.