LA PAZ, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ministro de la Presidencia de Bolivia, Óscar Coca, confirmó este lunes que el presidente, Evo Morales, designará esta semana a 13 cargos judiciales en cumplimiento de la Ley de Transición que permite al mandatario nombrar a magistrados interinos hasta que se celebren las primeras elecciones de este estamento el próximo 5 de diciembre.
En concreto, el líder indígena designará a lo largo de esta semana a cinco magistrados del Tribunal Constitucional, a otros cinco de la Corte Suprema y a tres del Consejo de la Judicatura, aunque aún "no se ha previsto la nominación de las suplencias", indicó Coca.
El objetivo es agilizar los procesos en curso y poner fin al colapso de la Justicia boliviana con los miles de procesos pendientes, debido a las vacantes existentes en los principales órganos judiciales.
Con estos nombramientos se dará el primer paso de la reforma judicial prevista en la nueva Constitución de Bolivia, en vigor desde febrero de 2009, que prevé una profunda transformación de este poder estatal y que afectará sobre todo a sus representantes, que deberán ser elegidos en las urnas por los ciudadanos.
Las primeras elecciones judiciales se celebrarán el próximo 5 de diciembre y en ellas se escogerán a los futuros miembros del Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, que actualmente adolecen de acefalías, serán elegidos por sufragio universal, entre los candidatos pre-seleccionados por la bicameral Asamblea Legislativa.
No obstante, hasta que se celebren dichos comicios, la Ley de Transición, sancionada por la Asamblea el pasado viernes, permite al presidente designar, de forma momentánea, a los juristas que ocuparán dichos cargos para evitar un colapso del sistema de administración de Justicia que supera los 10.000 procesos pendientes, con 5.640 casos por resolver en el Tribunal Constitucional y 5.000 en el Tribunal Supremo.
La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rebeca Delgado, indicó que uno de los objetivos prioritarios del Gobierno es erradicar los "males endémicos de la Justicia" entre los que destacó la dilación de los procesos, la corrupción y la carencia de fallos ecuánimes.
Un estudio elaborado por el Ejecutivo en 2006 incluía entre estas deficiencias la impunidad de los miembros corruptos del sistema, el uso irregular de gastos del Estado y la obstrucción.