LA PAZ, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los representantes del Gobierno de Bolivia y de los policías amotinados están cerca de llegar a un principio de acuerdo, para poner fin al conflicto que los uniformados iniciaron el pasado viernes para exigir una mejora de sus condiciones laborales, según la Agencia Boliviana de Información (ABI).
La miembro de la Asamblea de Derechos Humanos Yolanda Herrera ha explicado que, tras cuatro horas de reunión y cuatro descansos, alrededor de las 21.00 horas del martes (4.00 horas del miércoles en España) los representantes de los policías amotinados han salido a informar a sus representados del contenido de la negociación.
"Los representantes de los policías amotinados han peleado punto por punto. Se ha avanzado hasta donde ha sido posible y después han salido a socializar (el resultado de la negociación) con sus compañeros", ha revelado Herrera.
Esther Corsón, una de las personas que ha negociado en nombre de los uniformados, ha confirmado la versión de Herrera y ha adelantado que las conversaciones se reanudarán en las próximas horas, cuando se conozca la opinión de las comisarías de todo el país sobre el principio de acuerdo.
"El diálogo que se está llevando a cabo en este momento en el Viceministerio de Gobierno parece arribar a buen puerto", ha dicho, por su parte, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, como representante del Gobierno.
Los representantes gubernamentales y policiales se han reunido a las 12.00 horas del martes (19.00 horas del miércoles en España) en la sede del Viceministerio de Gobierno para alcanzar un acuerdo que satisfaga a todos los policías del país.
El pasado domingo, representantes del Gobierno y de los policías amotinados llegaron a un acuerdo, por el que las autoridades se comprometieron a aumentar en 220 bolivianos (25 euros) el bono de seguridad ciudadana, con lo que el total sumaría 620 (72), a cambio de que los uniformados pusieran fin a la protesta.
Sin embargo, la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (ANSSCLAPOL) rechazó el acuerdo argumentando, por un lado, que las personas que negociaron en nombre de los policías amotinados no eran representantes legítimos y, por otro, que el aumento debe producirse en el salario, no el bono de seguridad ciudadana.
Así, mientras que algunos policías decidieron deponer la huelga, otros optaron por mantenerla. Los uniformados exigen una subida salarial y la entrega de mejores equipos para desarrollar su trabajo.