Actualizado 19/09/2008 12:00

Bolivia.- El prefecto de Pando reconoce ante el juez que ordenó frenar la marcha de los campesinos

El juez estima que el imputado tenía conocimiento de lo que sucedía cuando se registraron muertes de muchas personas


La Paz, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, reconoció ayer ante el juez que instruye el caso contra él, Williams Dávila, que ordenó a los funcionarios de la Prefectura movilizarse para frenar la marcha de los campesinos. Según el magistrado, el testimonio del imputado dejó claro que éste conocía lo que sucedía cuando se registraron las muertes de más de una decena de personas.

"El imputado en su exposición estableció que tenía conocimiento de lo que sucedía días antes y el mismo 11 de septiembre, cuando se registraron muertes de muchas personas, incluso de inocentes", dijo el juez, citado por la agencia de noticias ABI.

Además, se confirmó que los vehículos del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) fueron identificados por varias personas. El Juez señaló que para emplear estos vehículos tenía que haber una orden de alguna autoridad.

En ese sentido, dijo sobre Fernández que "no es que haya participado en forma material en estos hechos el imputado, sino que tuvo conocimiento de que esos vehículos estaban llevando a funcionarios de la Prefectura para que hicieran frente a los campesinos e indígenas que tenían la intención de llegar a la ciudad (de Cobija) para protestar".

Acotó que "está es la ligación, la probabilidad del grado de participación (de Fernández), al entregar las camionetas y decir vayan a que no pasen los campesinos como reconoció el propio imputado".

Explicó que si el acusado es culpable o inocente de los delitos de asesinato, terrorismo y asociación delictuosa se aclarará a la conclusión de la investigación de acuerdo a la recolección de diferentes elementos.

El prefecto Fernández fue recluido en la cárcel de San Pedro a las 20.45 de ayer (horario local), tal y como ordenó el juez Dávila, quien alegó que existen suficientes indicios de riesgo de fuga y obstaculización de las investigaciones por parte del imputado como para dejarle en libertad.