LA PAZ, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, desmintió ayer cualquier vinculo con los supuestos asesinos del empresario Jorge O'Connor y negó los hechos de corrupción en los que se vio involucrado en relación a la construcción de una separadora de líquidos.
"YPFB no tiene ninguna relación con ninguna empresa SRL. Tampoco mi persona tiene alguna relación con gente que mata", aseguró Ramírez en una rueda de prensa que convocó para responder las acusaciones que han caído sobre él en los últimos días.
El pasado martes, cuatro desconocidos asaltaron al empresario petrolero Jorge O'Connor en plena calle y después de robarle 450.000 dólares (350.200 euros) y un ordenador portátil, le mataron. La polémica surgió cuando los medios bolivianos señalaron a Ramírez como posible responsable de lo sucedido, debido a un supuesto vínculo familiar entre los presuntos autores intelectuales del asesinato de O'Connor.
"Para ser pariente de Santos Ramírez minimamente tendrían que hablar quechua y fundamentalmente no matar. Quiero desmentir categóricamente esta versión", declaró en su defensa y reconoció que aunque contrajo matrimonio con la hermana de éstos, apenas mantiene relación. "Si los hermanos de mi esposa están siendo investigados, si tienen algún proceso, esa es responsabilidad de cada uno de ellos. Yo no tengo porque asumir la responsabilidad de otras personas", sostuvo.
ACUSADO DE CORRUPCIÓN
Asimismo, Ramírez también hizo referencia al caso en el que pretendió recibir algo más de 450.000 dólares como favor por la adjudicación a una empresa de la construcción de una planta separadora de gas por algo más de 85 millones de dólares.
Los políticos opositores y algunos periodistas apuntaron a una posible estafa de una empresa constructora a la estatal petrolera. No obstante, Ramírez desmintió tales especulaciones y expresó su disponibilidad de colaborar con las investigaciones "sin que ello implique la politización".
Respaldado con documentación en mano, Ramírez explicó a la prensa que YPFB decidió instalar en el país una planta de separación de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y gasolinas en Río Grande para resolver la demanda del mercado interno, por decisión del Directorio y de la Presidencia.
Para este proceso, recordó, se preparó la subasta internacional que recibió propuestas de interés de siete empresas de las cuales, la Comisión Calificadora seleccionó a dos para su consideración legal, técnica y administrativa.