LA PAZ, 9 Mar. (EP/AP) -
La Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia anunció este viernes la anulación de declaración en rebeldía del ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y algunos de sus colaboradores, que se había emitido el pasado 16 de enero.
La resolución emitida hoy indicó que la Sala Penal determinó este jueves por razones de forma anular el incidente en el que el ex gobernante --a quien se le acusa de genocidio-- y dos de sus ministros (Jorge Berindoague y Carlos Sánchez Berzaín) fueron declarados en rebeldía contra la Justicia Boliviana puesto que no acudieron a prestar declaración en el juicio que se mantuvo abierto en su contra.
Un representante del comité impulsor del juicio contra el ex presidente, Christian Zárate, declaró a los medios de comuniciación que esta decisión es correcta ya que se "han cometido algunos errores de parte de la Corte Suprema". "Esto nos retrocede", añadió.
El documento de la Sala Penal indica que cuando se emitió la declaración en rebeldía de estos tres acusados, todos vivían en Estados Unidos. Los dos magistrados de la Sala fueron recusados por la defensa de los ya 'ex rebeldes' porque su nombramiento fue dictado por decreto por el presidente boliviano actual, Evo Morales, en lugar de ser nombrado por el Congreso, tal y como estipula la ley.
Sin embargo, la recusación fue rechazada posteriormente, y la resolución que anula la declaración de rebeldía aparece firmada por los magistrados antes cuestionados. Su recusación fue negada por la Corte por considerar que los cuatro magistrados nombrados por Morales sólo ostentan el cargo de forma interina, hasta que el Congreso decida.
Sánchez de Lozada y sus ministros, además del alto mando militar de entonces, se enfrentan a un juicio de responsabilidades por la muerte de 60 personas y delitos conexos a causa de la represión del ejército a la revuelta popular de octubre de 2003.
El presidente Evo Morales promueve el juicio contra Sánchez de Lozada y otros cuatro ex presidentes, lo que según el informe anual de 2006 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo de Estados Unidos respondería "a motivaciones políticas".
Morales exige desde 2004 a Washington la extradición de Sánchez de Lozada, con la acusación de que estaría cobijando a "delincuentes", pero el Gobierno de Estados Unidos ha respondido que aún analiza si la solicitud procede.
Sánchez de Lozada, quien vive legalmente en el área de Washington después de presentar su dimisión tras las revueltas populares mantiene que las muertes se produjeron como resultado de una dinámica de violencia promovida por dirigentes sindicales y políticos opositores para derrocarlo, entre los que destaca precisamente Morales.
El abogado de Sánchez Berzaín, Álvaro Rojas, indicó a la prensaa que la declaración de rebeldía "ha sido pronunciada violentando la normativa procedimental de la constitución política del estado, en relación a que estas autoridades no tenían competencia para dictar estos actos".