Actualizado 10/11/2006 19:56

Bolivia.- El vicepresidente y un grupo de exguerrilleros piden al Gobierno una indemnización de dos millones en la CIDH


LA PAZ, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente Álvaro García, su hermano Raúl y 10 miembros del desaparecido Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK) que fueron acusados de cometer 14 delitos en 1992 y que pasaron entre cuatro y cinco años en prisión, están gestionando una indemnización al Estado Boliviano, de al menos dos millones de dólares por ese periodo que pasaron en prisión en la década pasada, según informa hoy el diario boliviano 'La Razón'.

Para ello este grupo presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que fue admitida a trámite el 12 de octubre de 2005 y que según este organismo está en proceso de análisis.

Al EGTK se le acusó de cometer por lo menos 50 atentados en las zonas de El Alto, Oruro, Cochabamba y Sucre, que ejerció una fuerte influencia sobre el movimiento de campesinos en los años 90.

En su petición, según el medio de información boliviano, alegan la detención arbitraria y el hostigamiento a los familiares de 11 bolivianos y una mexicana. Además dicen que durante el proceso penal existieron irregularidades, entre ellas, la negativa de las autoridades para investigar las alegaciones de torturas para obligar a estos 12 hombres a reconocer su pertenencia al grupo guerrillero.

Por su parte, el Estado Boliviano presentó sus observaciones el 28 de febrero del año pasado y pidió que se declarase la inadmisibilidad del caso ante la CIDH.

La defensa del Estado dijo que los denunciantes pudieron revocar su detención preventiva y asumir su defensa en libertad. El juez que en su momento se encargó del caso desde 1992 hasta 2000 también fue procesado por retardo en su trabajo.

Los afectados, por su parte, presentaron en 2004 una petición de admisibilidad ante la CIDH que se fundamenta, según recoge la web del organismo en "la violación de los derechos de integridad y libertad personal, garantías judiciales, protección de la honra y dignidad, a la familia, a la propiedad privada y protección judicial en concordancia con los deberes de los Estados de respetar y garantizar los derechos establecidos en la convención".

El líder reconocido del EGTK, Felipe Quispe Huanca, dijo en agosto de 1992 que "vamos a seguir luchando, es la única vía para los pueblos del campo, soy el padre y fundador del EGTK, soy el Mallku".

'La Razón' publicó hoy que hasta hoy no se había informado en Bolivia de ese trámite en la CIDH y, que el proceso fue emprendido "por Álvaro García y compañía; pero implica a todos", que en total suman 11 personas.

De momento, ni el Gobierno de Bolivia, ni el vicepresidente García se han manifestado sobre este asunto. En el caso de que la citada Corte fallara en favor de García y los otros once el Estado de Bolivia tendría que pagar la cantidad indicada, dos millones de dólares.