BRASILIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha promulgado este viernes la ley que crea la Comisión de la Verdad que se encargará de investigar las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura militar (1946-1985), pero no tendrá la facultad de castigar a los responsables de los crímenes.
"No podemos permitir que en Brasil la verdad se corrompa con el silencio", ha subrayado Rousseff, durante la firma de la Ley de Acceso a las Informaciones Públicas, que da luz verde a la conformación del grupo de trabajo que investigará torturas y homicidios cometidos durante el régimen militar.
Rousseff, una exguerrillera que hizo oposición a la dictadura, ha calificado este momento de "histórico" para Brasil y su lucha a favor de los Derechos Humanos, y ha aclarado que el objetivo no es promover la "venganza" contra quienes cometieron los delitos.
La Comisión de la Verdad estará conformada por siete personas que serán elegidas por Rousseff, en base a criterios éticos y su contribución en la defensa de los Derechos Humanos. Un grupo de 14 profesionales darán apoyo administrativo durante las indagaciones.
Una vez elegidos los miembros, la comisión tendrá dos años para escuchar los testimonios de las víctimas y testigos, y solicitar y analizar los documentos que considere necesario para esclarecer las violaciones, establece la nueva normativa.
El grupo aprovechará información obtenida hace 16 años por la Comisión Especial de Fallecidos y Desaparecidos de la dictadura militar, y los datos recabados hace una década por la Comisión de Amnistía, revela la estatal Agencia Brasil.
Esta norma permitirá acabar con el silencio que se ha mantenido durante décadas en torno a documentos clasificados como "ultrasecretos" por contener información esencial para la seguridad del Estado.
El objetivo de la Comisión de la Verdad es esclarecer los hechos ocurridos durante el régimen militar --período en el que habrían muerto cientos de personas-- pero no tendrá la facultar de castigar a los criminales que han sido beneficiados por la Ley de Amnistía, promulgada en 1979 por el general Joao Figueiredo, el último dictador brasileño.
El proyecto había sido aprobado definitivamente por el Congreso el pasado 25 de octubre, tras haber superado los obstáculos impuestos por las Fuerzas Armadas que temían una represalia por parte del gobierno y las víctimas.
Para evitar más confrontaciones, los promotores de la propuesta hicieron algunos cambios en el texto y extendieron el período de investigación tres años --hasta el año 1988-- para que no coincida con los 21 años que duró la dictadura militar.