Actualizado 15/04/2016 17:29

La campaña de Rousseff recibió donaciones no declaradas de una constructora brasileña

Dilma Rousseff en campaña en Río de Janeiro
MARIO TAMA/GETTY


BRASILIA, 15 Abr. (Reuters/EP) -

La compañía brasileña de ingeniería Andrade Gutiérrez hizo donaciones para la campaña de reelección de 2014 de la presidenta Dilma Rousseff que no declaró, según ha publicado este viernes el diario 'Folha de S. Paulo' en un artículo que podría aumentar los llamamientos a un juicio político en su contra.

El artículo se suma a informaciones previas que sostienen que parte de las donaciones oficiales a la campaña de 2014 de Rousseff fueron financiadas con sobornos provenientes de grandes proyectos de infraestructura.

El diario no ha aclarado cómo obtuvo la información y la portavoz de Andrade Gutiérrez ha declarado comentar el artículo. Tampoco ha reaccionado por el momento el Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff. La presidenta brasileña ha negado en reiteradas ocasiones haber cometido algún delito.

Según 'Folha', Andrade Gutiérrez pagó más de 10 millones de reales (2,51 millones de euros) por sondeos de opinión que en realidad fueron encargados por el PT. El diario ha añadido que la campaña de Rousseff no declaró los servicios, omisión que la ley electoral brasileña tipifica como delito criminal.

Fuentes consultadas por Reuters han señalado que ejecutivos de la constructora firmaron acuerdos de delación compensada como parte de una investigación de la Policía brasileña a un esquema de corrupción mayor que vincula a la petrolera Petrobras, a partidos políticos y a grandes constructoras.

Las acusaciones podrían dar más argumentos al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que exige que las autoridades electorales anulen la reelección de Rousseff por haber usado financiación ilegal.

Este viernes, la Cámara Baja brasileña ha iniciado un debate de tres días sobre si impugnar o no a la presidenta Dilma Rousseff por cargos de manipular las cuentas presupuestarias, después de que el Gobierno perdió una apelación de última instancia ante el máximo tribunal del país para detener el proceso.