BRASILIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Senado de Brasil ha aprobado este miércoles el proyecto de ley para calificar como "crimen hediondo" la corrupción, en el marco de la oleada de manifestaciones que recorre el país sudamericano desde hace semanas en demanda de mejoras sociales.
El proyecto de ley califica de "crímenes hediondos" los delitos de corrupción, tanto activa como pasiva, y endurece las penas, con un marco de entre cuatro y 12 años de cárcel, desde la horquilla actual de entre dos y 12.
Esta calificación es importante a efectos jurídicos, ya que impide que los condenados por "crímenes hediondos" sean amnistiados o indultados y que puedan disfrutar de beneficios penales como la libertad condicional o bajo fianza.
El proyecto de ley se ha votado este miércoles en el Senado gracias a la iniciativa del senador del oficialista Partido Democrático Laborista (PDT) Pedro Taques, a pesar de que llevaba anclado en la cámara alta desde 2011.
"Los delitos de corrupción no permiten identificar buen a las víctimas, por eso tenemos que protegerlas con medios jurídicos", ha argumentado, al tiempo que ha instado a jueces y tribunales a actuar más rápido en estos casos.
Tras el 'sí' del Senado, el proyecto de ley tendrá que recibir el visto bueno de la Cámara de Diputados y la sanción presidencial para convertirse en norma jurídica, según ha informado la cadena O'Globo.
Los senadores han aprobado este proyecto de ley el mismo día que la Corte Suprema ha ordenado detener al diputado Natan Donadon, condenado a trece años de prisión por desviar fondos públicos y conspirar como director financiero de la Cámara de Diputados, entre 1995 y 1988.
LAS PROTESTAS
Estos movimientos se enmarcan en las protestas que comenzaron el pasado 6 de junio de forma pacífica en Sao Paulo por la subida del precio del transporte público de 3 a 3,20 reales, pero que una semana después se tornaron violentas por la represión de la Policía Militar.
Entonces, miles de personas tomaron las calles de las principales ciudades para protestar, ya no solo por estas tarifas, sino también por los efectos sobre la Hacienda Pública de la Copa Confederaciones, el Mundial de Fútbol de 2014 y las Olimpiadas de 2016 y por los deficientes servicios públicos.
En respuesta, al menos once ciudades, incluidas Río de Janeiro y Sao Paulo, accedieron a cancelar el aumento del precio del transporte público o a aplicar una reducción, según los casos, pero no han conseguido calmar las calles.
Millones de personas han seguido con las manifestaciones en las grandes ciudades, dejando un saldo de al menos cuatro muertos y decenas de heridos y detenidos. Además, ha habido graves disturbios, como los intentos de asalto al Congreso, al Ministerio de Exteriores y a ayuntamientos.
En este contexto, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, ha propuesto la celebración de un referéndum que siente las bases de una reforma constitucional en la que se planteen, entre otras cuestiones, la mejora de los servicios públicos y la lucha contra la corrupción.
Los principales partidos políticos de la oposición brasileña han rechazado este plan al considerar que se salta al Congreso, ya que posee la competencia exclusiva para convocar un plebiscito y reformar la Constutición, y han presentado su propia 'hoja de ruta'.