Actualizado 11/09/2016 10:29

La Carta Democrática Interamericana de la OEA cumple 15 años en un escenario incierto

Luis Almagro
HANDOUT . / REUTERS

   LIMA, 11 Sep. (Notimérica) -

   "Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla". Con esta directa afirmación, un 11 de septiembre de 2001, la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptó una medida que marcaría la historia reciente de la región: la aprobación de la Carta Democrática Interamericana (CDI).

   A pesar de que su adopción se produjo casi seis décadas después de la creación de la OEA, en esta se reafirma el propósito esencial de la organización: "promover y consolidar la democracia representativa".

   En este sentido, la OEA ha asumido un papel activo en la defensa de la democracia de los países miembros, al tiempo que ha reiterado el principio de no intervención establecido en dicha carta.

   Respecto al último punto, este año ha surgido una nueva polémica relacionada con la aplicación del documento. El pasado mes de mayo, el actual secretario general de la organización, Luis Almagro, activó la Carta Democrática para Venezuela debido a la alteración constitucional que está viviendo el país sudamericano.

   Con esta controvertida decisión, Almagro se convirtió en el primer líder del organismo en activar la carta a un estado miembro contra la voluntad de su Gobierno.

   Hasta ese momento, se había recurrido a esta herramienta en contadas ocasiones y siempre a petición del estado afectado (artículo 17) o porque un grupo de estados ofreció ayuda a un tercero y este lo aceptó (artículo 18).

   El único caso en el que la autorización del Gobierno legítimo no era posible y se aplicó la carta hasta su última consecuencia, la suspensión de la OEA, fue tras el golpe de Estado en Honduras de 2009, al producirse una "ruptura del orden democrático".

SU DUDOSA APLICACIÓN EN VENEZUELA

   No obstante, por el momento la aplicación de la CDI sobre Venezuela está suspendida, a pesar de los intentos de Almagro, quien aseguró a finales de julio que "está en la tercera fase de activación", la cual hace referencia a la "constatación de la alteración del orden democrático".

   En caso de aplicarse, la OEA podría "suspender a dicho estado miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de dos tercios de los estados miembros".

   Como consecuencia, "el estado suspendido deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la organización, en particular en materia de Derechos Humanos".

   En la práctica, esta suspensión implicaría que el país dejaría de participar en todas las actividades del ente, así como en los programas del organismo como los de anticorrupción, seguridad y promoción de derechos.

   No obstante, en cuanto a las acciones, la Carta no establece la posibilidad de sanciones económicas o militares por parte de los países miembros en contra del estado objeto de la CDI, según indicó el medio 'El Cambur'.

   Así, con sus limitaciones y campo de aplicación, esta carta continúa presente 15 años después de su adopción sin perder su principal objetivo: "otorgar a los gobiernos del hemisferio una nueva brújula para guiar su acción colectiva cuando la democracia enfrenta peligros".