SANTIAGO, 6 Ene. (Notimex/Notimérica) -
El escándalo por el llamado Caso Penta, relativo al financiamiento ilegal a políticos chilenos de un grupo empresarial derechista, continuó este lunes con la declaración ante la justicia del empresario Carlos Alberto Délano.
El hombre de negocios, quien ejerce el control del grupo empresarial Penta, declaró por casi 10 horas en calidad de imputado ante la Fiscalía, mientras que este martes deberá cumplir igual trámite otro de los socios, Carlos Eugenio Lavín.
Las declaraciones fueron formuladas ante los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, quienes están a cargo de la investigación por supuesto fraude tributario y vínculos con campañas políticas del grupo empresarial ligado a la derecha chilena.
El ex director de Grupo Penta, Hugo Bravo, destapó hace unas semanas el escándalo al denunciar que se había entregado financiamiento ilegal a políticos, lo cual había sido justificado con boletas y facturas por trabajos no realizados.
La mayoría de los políticos involucrados en los hechos compitió por cargos legislativos en las elecciones de 2013 por la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), y recibió varios miles de dólares para sus campañas.
De acuerdo con radioemisoras locales, las audiencias de formalización contra Délano, Lavín y Bravo se realizarían en marzo próximo, tras lo cual serían citados los legisladores y ex candidatos involucrados en los hechos.
Entre ellos se encontrarían los senadores derechistas Ena Von Baer e Iván Moreira, el excandidato presidencial Andrés Velasco y el excandidato a senador Laurence Golborne, entre otros.
Los tres empresarios involucrados, en tanto, serían formalizados por lavado de activos, devoluciones de impuestos indebidas y cohecho.
El gerente de Contabilidad del Grupo Penta, Marcos Castro, dijo a la justicia que "siempre ha existido ayuda del grupo a algunos candidatos. Ese tema se veía a nivel de los dueños Lavín y Délano con Hugo Bravo y quien implementaba esos pagos era Hugo Bravo".
La investigación comenzó como algo netamente económico, donde se indagó la posible mala utilización del Fondo de Utilidad Tributaria (FUT), debido a que Penta declaraba sus montos a tributar con cifras mucho menores al valor real de utilidades.
Dicha acción era realizada por un funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) que ingresaba ésta solicitud al sistema. Al ver esta irregularidad, el SII comenzó una investigación que apuntó directamente al jefe del SII Oriente, Iván Álvarez, quien le ofrecía este "servicio" a distintas empresas a través de sus contadores.
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