SANTIAGO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) de Chile afirmó hoy que "Chile aún tiene una agenda de derechos humanos pendiente" cuando se cumplen veinte años del plebiscito que, el 5 de octubre de 1988, en rechazo a la continuidad del dictador Augusto Pinochet en el poder.
El retorno a la democracia en Chile "sembró las esperanzas de que los futuros gobiernos democráticos protegieran y promovieran los Derechos Humanos", afirma la ONG en un comunicado hecho hoy público.
En aquél referéndum, el 56 por ciento de las personas inscritas en los registros electorales votó por el No a la continuidad del gobierno militar que llevaba quince años perpetuándose en el poder tras derrocar al presidente Salvador Allende en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Este resultado permitió que en marzo de 1990 Patricio Aylwin se alzara como el primer presidente democrático de la transición.
"Después de 20 años desde el inicio de la recuperación democrática, es necesario movilizar iniciativas en la promoción y protección amplia de los Derechos Humanos; pues persisten las desigualdades, existe una baja considerable en la participación política, y han salido a la luz las problemáticas relacionadas con las reivindicaciones de los pueblos indígenas, los derechos de las personas gay, lesbianas, bisexuales y transgéneros, y la violencia de la que son objeto mujeres, adolescentes y niñas", continúa AI.
Por eso, las organizaciones y movimientos que adhieren a la Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario de la independencia chilena "exigen a las autoridades que se apliquen los 47 puntos que contiene este documento, para que de esta forma Chile llegue a ser un país respetuoso y promotor de los derechos humanos".
"La Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario propone medidas concretas, factibles y realizables para el 2010 que comprenden los temas aun pendientes como son, entre otros: la persistente impunidad de las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante la dictadura; la violencia contra las mujeres; la discriminación a los pueblos originarios; el hacinamiento en las cárceles; el retraso en la adopción de instrumentos internacionales como es el caso de la Corte Penal Internacional; el importante déficit en la satisfacción de los Derechos Económicos Sociales y Culturales como son el acceso a la educación, la salud y la vivienda digna", apunta también el texto.