SANTIAGO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha anunciado que su Gobierno elaborará un proyecto de ley para permitir a las fuerzas de seguridad identificar previamente a los manifestantes, con el fin de evitar la infiltración de grupos violentos.
"En los próximos días enviaré al Congreso un proyecto de ley que establece la identificación preventiva en casos de desórdenes públicos o de marchas masivas", ha anunciado este miércoles, en declaraciones recogidas por el diario chileno 'El Mercurio'.
Piñera ha aclarado que "el objetivo no es restringir la libertad, sino todo lo contrario: proteger la libertad de la inmensa mayoría de los chilenos que quieren vivir en paz y no permitir que un puñado de delincuentes se sienta con el derecho de pasar por encima de los demás".
"El Gobierno va a cumplir con su obligación de garantizar el orden público y de proteger la seguridad y la tranquilidad de todos los ciudadanos que quieren vivir en paz y no dejarse dominar por una minoría de delincuentes que creen que cubriendo sus caras detrás de capuchas van a poder cometer crímenes de forma impune", ha insistido.
Además, ha hecho un llamamiento al Congreso a "llevar a cabo acciones claras que nos permitan combatir con mayor eficacia la delincuencia y el crimen organizado". En concreto, le ha instado a "aprobar de una vez por todas" los tres proyectos de ley para endurecer las penas por agresiones a carabineros. "Son absolutamente necesarios", ha aseverado.
El líder conservador ha realizado el anuncio tras los disturbios que se han producido en la marcha estudiantil celebrada este miércoles en Santiago debido a los ataques a carabineros y al levantamiento de barricadas incendiadas por parte de encapuchados.
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
Desde hace más de dos años, estudiantes y profesores se manifiestan en las principales ciudades chilenas en demanda de una educación pública, gratuita y de calidad que sustituya al actual sistema de financiación a través de créditos bancarios.
El Gobierno de Piñera presentó una reforma educativa para que el Estado asuma la gestión de los créditos bancarios en la enseñanza universitaria con mejores condiciones que las ofrecidas hasta ahora por la banca privada a los estudiantes.
Los estudiantes han rechazado esta propuesta porque no responde a su deseo de que Chile tenga, por primera vez en su historia, una educación pública, gratuita y de calidad, ya que, aunque mejora el sistema existente, aún obliga a los alumnos a recurrir a créditos para financiar la educación universitaria.