SANTIAGO, 7 Jun. (de la corresponsal de EUROPA PRESS Claudia Riquelme) -
El Senado chileno aprobó la noche de este miércoles dos proyectos de acuerdo, uno para rechazar la decisión del Gobierno de Venezuela de no renovar la concesión de Radio Caracas Televisión (RCTV) y otro contra la prisión por motivos ideológicos o políticos en Cuba.
El segundo de los acuerdos fue aprobado en medio de protestas de un grupo de chilenos cuyos hijos estudian Medicina en la isla caribeña. Los manifestantes, quienes reclamaron porque senadores socialistas se manifestaron a favor de la censura al Gobierno de Cuba, debieron ser desalojados de las gradas del Parlamento por la Policía.
El primer acuerdo, que fue presentado por un grupo de legisladores de la derecha opositora, fue aprobado por 23 votos a favor, dos en contra y una abstención.
En el texto, que contó con el voto favorable del presidente del Senado y ex presidente chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y con el rechazo de dos legisladores oficialistas, se pide que el Gobierno de la socialista Michelle Bachelet, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, manifieste ante los organismos internacionales la preocupación del Senado por la vulneración de la Cláusula Democrática en Venezuela, "ya que la no renovación de la concesión de Radio Caracas Televisión representa un atentado a la libertad de expresión y de información garantizada en el instrumento internacional".
El respaldo mayoritario a esta iniciativa implica un reconocimiento a que "la Cláusula Democrática resguarda tanto la verificación de procesos electorales transparentes, como la existencia de las condiciones sociales y políticas que hagan de la competencia electoral un ejercicio verdaderamente libre y razonado por parte de los sectores, instando además por elementos como la fortaleza de la sociedad civil, la independencia del Poder Judicial o la libertad de prensa y expresión, también esenciales en la vida democrática".
El Senado acordó dar a conocer su pensamiento acerca de esta situación, a fin de que organismos de la Organización de Estados Americanos (OEA), como su Asamblea General y el Consejo Permanente efectúen el análisis necesario con miras a solucionar la amenaza a la democracia representada por las libertades afectadas en Venezuela.
Además, pide a Bachelet que, a través de la Cancillería, exhorte a la representación nacional en ese organismo para que promueva una debida consideración de la materia, sosteniendo el ilimitado compromiso del país con la libertad de información y expresión, como condiciones esenciales para la vigencia de una efectiva democracia.
CUBA
En tanto, el proyecto que pide al Gobierno de Chile "que rechace toda forma de prisión por motivos políticos e ideológicos en Cuba", además de requerir a las autoridades de la isla caribeña "que ponga fin a esas detenciones, especialmente de quienes fueron apresados el 2003, por ser contrarios al régimen de Fidel Castro", fue aprobado por 19 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones, en medio de gritos, rechiflas y pancartas en las tribunas.
El texto pide a La Moneda que "le pida a Cuba el apego irrestricto a las recomendaciones de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en ese país". Los senadores solicitaron la "enérgica" votación de Chile en la aprobación de todo informe de las Naciones Unidas y sus órganos dependientes que dé cuenta de la crítica situación de los derechos humanos en el país del Caribe, así como de toda declaración en el mismo sentido.
La petición se fundamenta en un informe de la representante del Comisionado de las Naciones Unidas que sostiene que la mayor concentración de detenidos está en La Habana con 46 personas encarceladas, la mayoría de ellos por salida ilegal del país, oposición al régimen, espionaje, actos contra la seguridad del Estado y desacato a la autoridad. La misma fuente revela el incremento de mujeres detenidas. El año 2006 partió con tres y terminó con 28.
Los legisladores chilenos hicieron referencia en su voto a la denominada 'Primavera Negra' de 2003, "cuando se produjo una detención masiva de periodistas independientes, defensores de los derechos humanos, opositores y sindicalistas cubanos". Aun quedan 59 detenidos de los 75 que fueron encarcelados y condenados.
Asimismo, da cuenta de que el Gobierno cubano "no ha respondido a las recomendaciones del informe de Christine Chanet, representante del Alto Comisionado, quien en su informe del 26 de enero de 2007 pidió que cesen los procesos de ciudadanos que ejercen los derechos garantizados en la Declaración Universal de Derechos Humanos; poner en libertad a los detenidos que no hayan cometido ningún acto de violencia contra personas o bienes; revisar las leyes que tipifican como delito el ejercicio de las libertades de expresión, de manifestación, de reunión y de asociación".
En la oportunidad, Chanet también pidió al Gobierno de Cuba que mantenga sin excepción la moratoria de la pena de muerte que instituyó en 2000, con miras a abolir esa pena; cree un órgano permanente independiente que reciba las denuncias de las personas que aleguen ser víctimas de violaciones a los derechos fundamentales y que autorice la entrada a Cuba de las organizaciones no gubernamentales (ONG).