BOGOTÁ, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades colombianas han actuado en las últimas horas contra más de 40 militares acusados del asesinato de civiles mediante los llamados 'falsos positivos', la expresión utilizada para describir los casos en que los militares colombianos presentan los cadáveres de civiles como supuestos guerrilleros para lograr méritos.
Según informó este miércoles el diario bogotano 'El Espectador', la Fiscalía General ha presentado cargos contra 28 militares de la Brigada Móvil 15, con sede en Ocaña, en Norte de Santander (noreste), en relación con la muerte de dos jóvenes de Soacha (departamento de Cundinamarca, centro). Los dos civiles fueron asesinados el 27 de enero de 2008 en una zona rural del municipio de Ocaña y presentados posteriormente como muertos en combate.
Según el Ministerio Público, los militares investigados se concertaron para cometer homicidio, encubrieron los hechos y obstaculizaron las investigaciones. Entre los inculpados figuran el comandante de la brigada por aquellas fechas, el coronel Rubén Darío Castro Gómez, y otros altos responsables de la unidad.
Por otra parte, un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional ha acusado a ocho militares de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional del asesinato de tres vendedores ambulantes que posteriormente fueron presentados como "extorsionistas muertos en combate", según 'El Espectador'.
Los hechos sucedieron el 26 de abril de 2006, cuando los militares del Batallón Pedro Justo Berrío presentaron los cadáveres de los jóvenes como "integrantes de un red de extorsionistas dados de baja en fuego cruzado" e incluso mostraron tres granadas de fragmentación, una pistola y una escopeta que supuestamente portaban los tres fallecidos.
Sin embargo, sus familiares declararon posteriormente que se trataba de civiles que, un día antes de los hechos, habían desaparecido en Medellín (departamento de Antioquia, en el noroeste) y que uno de ellos, Correa Valencia, sufría problemas mentales.
Por último, según informó ayer martes el diario 'El Heraldo', un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ha ordenado la reclusión de seis militares, como medida cautelar y sin derecho a fianza, por el asesinato de dos civiles que posteriormente fueron presentados como "miembros de las FARC abatidos en combate". Los hechos sucedieron el 20 de julio de 2003 en la vereda San Pablo del municipio de Campamento, en Antioquia.