El informe, que será entregado hoy a Santos, demuestra la implicación del Estado, los paramilitares y las guerrillas en masacres y asesinatos
BOGOTÁ, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
Alrededor de 220.000 colombianos han perdido la vida entre 1958 y 2013 a causa del conflicto armado interno, de los cuales alrededor de 176.000 eran civiles, según se desprende del informe '¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y de dignidad', hecho público este miércoles por el diario bogotano 'El Espectador' y que será entregado este mismo día al presidente del país, Juan Manuel Santos.
El documento, elaborado por el Grupo de Memoria Histórica de Colombia, indica que solo en los últimos treinta años se han perpetrado al menos 1.982 masacres, el 59 por ciento de ellas atribuidas a los grupos paramilitares, el 17 por ciento a los grupos guerrilleros y el ocho por ciento a las fuerzas del Estado.
Asimismo, en el conjunto del periodo se han producido 27.023 secuestros relacionados con el conflicto, 10.189 colombianos ha sufrido muerte o amputaciones a causa de las minas antipersonas y se han registrado alrededor de 4,7 millones de desplazados internos, una cantidad equivalente a la población de países como Irlanda o Costa Rica.
El estudio también acusa a los paramilitares del uso de hornos crematorios y cementerios clandestinos para hacer desaparecer a sus víctimas y denuncia los 23.154 asesinatos colectivos cometidos entre 1981 y 2012, el 40 por ciento cometidos por ejércitos privados, el 17 por ciento por los grupos guerrilleros y el diez por ciento por las propias fuerzas del Estado.
El informe ha sido elaborado durante cinco años bajo la coordinación del director del Centro de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez, y con el apoyo de 21 prestigiosos investigadores, y será entregado este mismo miércoles, en ceremonia oficial, al presidente Santos.
El documento demuestra que ocho de cada diez muertos han sido civiles y que, por cada combatiente, han muerto cuatro personas ajenas al conflicto. Asimismo, denuncia el reclutamiento de más de 6.400 niños por parte de los grupos armados ilegales y asegura que, después de Afganistán, Colombia es el país del mundo con la mayor cantidad de víctimas de las minas antipersonas.
El informe del Centro de Memoria Histórica documenta alrededor de 5.000 desapariciones forzadas en este periodo y advierte de que solo en 689 casos se ha logrado identificar al autor material o intelectual. De los casos identificados, 290 han sido cometidos por los agentes del Estado.
Aparte, la mayoría de los más de 27.000 secuestros perpetrados entre 1970 y 2010 fueron cometidos por las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Entre 1996 y 2002 se cometieron 16.040 secuestros, 8.578 de ellos por parte de las FARC y el resto por parte del otro grupo guerrillero importante, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
VÍCTIMAS
El documento demuestra también que, desde que comenzó el conflicto, han sido asesinados más de 1.227 líderes comunitarios y al menos 1.495 militantes políticos. Asimismo, revela que, entre 1958 y 2013, más de 400 niños perdieron la vida en masacres, en las que el 88 por ciento de las víctimas fueron varones. Por sectores sociales, el 60 por ciento de los colombianos fallecidos en masacres eran campesinos, el 30 por ciento comerciantes y el diez por ciento obreros o empleados.
Entre 1980 y 2011, según el documento, se registraron masacres en 526 municipios de Colombia y en los cuerpos de 1.530 víctimas de estos asesinatos colectivos se encontraron huellas de degollamiento, descuartizamiento, decapitación, incineración, castración, empalamiento y quemaduras con ácido o soplete.
Todos estos hechos han sucedido, según el informe, en un contexto de concentración de la propiedad (el 1,1 por ciento de los propietarios controla el 52 por ciento de la tierra), de incidencia del narcotráfico, del uso de armas durante los periodos electorales, de fomento del paramilitarismo por parte de políticos, de 'falsos positivos' y de utilización de la principal agencia de Inteligencia, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), para espiar a la sociedad civil y a los partidos.