BOGOTA, 12 Feb. (Reuters/EP) -
El Gobierno colombiano rechazó ayer las acusaciones de los relatores de la ONU y la OEA para la Libertad de Expresión, quienes criticaron al presidente colombiano, Alvaro Uribe, después de que éste sugiriera que el periodista Hollman Morris podría tener vínculos con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Uribe, acusó a Morris de ser un "permisivo cómplice del terrorismo" por haber asistido a la liberación de tres policías y un soldado entregados por las FARC en el marco de la operación humanitaria en las que entregaron a un total de seis secuestrados.
Además cuestionó al periodista por entrevistar a los rehenes mientras permanecían en poder de la guerrilla. Por su parte, los recién liberados denunciaron que fueron presionados por los guerrilleros para que respondieran las preguntas del periodista sin perjudicar la imagen de las FARC.
Morris apareció en la selva en el momento de la liberación tras llegar por su cuenta, según dijo, ya que su objetivo era entrevistar al jefe rebelde que le invitó a presenciar la liberación unilateral de los seis rehenes.
El reportero llevaba un teléfono que facilitó a otro periodista, Jorge Enrique Botero, quien denunció que sobrevuelos de aviones militares retrasaron la entrega. Además, Botero entrevistó en directo a un comandante guerrillero de las FARC, lo que provocó el malestar del Gobierno, que lo excluyó de la misión humanitaria junto con otras tres personas.
Uribe sólo autorizó a la senadora Piedad Córdoba para tomar parte de la misión junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para las posteriores liberaciones del ex gobernador Alan Jara y del ex diputado Sigifredo López.
Los relatores de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA) aseguraron que, pese a lo afirmado por Uribe, no han conocido una sola prueba que vincule con actividades criminales a Morris, que años atrás abandonó el país por amenazas contra su vida.
El relator para la libertad de expresión de la ONU, Frank La Rue, y su homóloga de la OEA, Catalina Botero, dijeron que las declaraciones de las autoridades de Colombia "ponen en mayor riesgo la vida y la integridad personal de los periodistas y defensores de Derechos Humanos", y denunciaron que las declaraciones de las autoridades colombianas "generan un efecto amedrentador y de autocensura en Colombia".
DISCREPANCIAS
La Rue y Botero instaron al Gobierno a cumplir con su obligación de proteger los Derechos Humanos de todas las personas, en especial de quienes se encuentran bajo riesgos extraordinarios.
En respuesta, la Presidencia manifestó en un informe que "sorprende la rapidez con la cual se expide un comunicado rechazando las declaraciones del Gobierno, sin hacer referencia a elementos objetivos que generan serias dudas sobre el proceder profesional del periodista Hollman Morris".
"En ningún lugar del comunicado expedido los relatores hacen referencia a las condiciones de sometimiento e indefensión en las que se encontraban los secuestrados mientras se realizaba el reportaje. No se puede ignorar una situación en la que se atenta contra el derecho a la vida, a la libertad y a la libertad de expresión", reza el comunicado.
El Gobierno colombiano anunció que pedirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la regulación de las medidas de protección que provee a Morris para ajustarlas. Para el Gobierno, el periodista, a pesar de alegar peligro extraordinario para su vida, se sometió a riesgo extremo al viajar a una zona conflictiva con presencia guerrillera, sin informar al Estado, del cual demanda protección.
El Ejecutivo colombiano suministra desde hace varias años protección a Morris con un grupo de escoltas, ante las frecuentes amenazas contra su vida que el reportero dice recibir por el ejercicio periodístico, en el que ha denunciado violaciones de los Derechos Humanos por parte del Ejército y en el que ha entrevistado a jefes guerrilleros.
Uribe solicitó a la Fiscalía General que investigue la conducta del periodista, quien denunció que cuando regresaba a Bogotá después de cubrir la liberación de los cuatro secuestrados, fue retenido en un retén del Ejército en donde un oficial intentó arrebatarle su material.