BOGOTÁ, 9 Mar. (EP/AP) -
La Fiscalía General solicitó ayer a la Policía secreta colombiana gestionar, ante la Interpol en Francia, una orden de captura internacional contra el ex ministro y ex senador Álvaro Araujo Noguera, padre de la ex ministra María Consuelo Araujo, por el secuestro de un contrincante político de su hijo durante las elecciones de 2002.
La justicia colombiana ordenó a principios de marzo arrestar a Araujo Noguera, de 74 años, para rendir indagatoria ante un fiscal, pero hasta la fecha los investigadores no han podido dar con su paradero. Las autoridades estudian indicios que lo situarían huyendo hacia Venezuela.
El jefe de prensa del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Óscar Galvis, confirmó a AP que "llego la petición de la fiscalía pidiendo la circular roja contra él (Araujo). Pero por diferencia horaria solo se podrá tramitar mañana (por hoy viernes)", ante la Secretaría General de la Interpol en Lyón, Francia.
Araujo Noguera fue despojado en 1990 de su investidura como senador al comprobarse contrataciones públicas ilegales que favorecían a una emisora de radio bajo su control.
Su hijo Álvaro, con un escaño en el senado colombiano, fue detenido al norte de Bogotá a mediados de febrero por sindicación de concierto para delinquir y secuestro con extorsión agravado de un rival político antes de las elecciones de 2002. De ser condenado, Araujo se enfrentaría a una pena de entre 24 y 40 años de cárcel. El escándalo precipitó la renuncia de la ex ministra María Consuelo Araujo.
La explosiva situación que los medios locales bautizaron como 'escándalo parapolítico', se desató después de que el ex director de informática del DAS, denunciara los nexos de una parte de la clase política con el jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias 'Jorge 40', quien ejerció una poderosa influencia en territorios del litoral del Caribe colombiano, al favorecer a candidatos al senado, gobernaciones y alcaldías.
Los grupos paramilitares, creados por hacendados en la década de los ochenta para defenderse de las guerrillas izquierdistas, negociaron la paz con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe. De este modo se desmovilizaron y entregaron sus armas cerca de 31.000 combatientes ilegales.