Actualizado 27/03/2007 20:25

Colombia.- Comienzan a declarar ante la Fiscalía los políticos que firmaron en 2001 el acuerdo secreto con los 'paras'


BOGOTÁ, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con la declaración de los ex diputados de la Cámara de Representantes de Colombia Luis Carlos Ordosgoitia y Eleonora Pineda, la Fiscalía comenzó hoy formalmente la investigación por concierto para delinquir contra 20 de los políticos que firmaron el acuerdo "secreto" de Santa Fe de Ralito (departamento de Córdoba) con jefes paramilitares en julio de 2001 para "refundar" el país.

Ordosgoitia respondió a las preguntas de un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público en una diligencia que se extendió por seis horas. El que fuera director del Instituto Nacional de Concesiones (Inco), quien es señalado por varios de los firmantes como uno de los que convocaron la reunión, reiteró que no invitó a nadie y que cada uno de los presentes en Ralito debe reconocer sus responsabilidades de forma individual.

La Fiscalía trata de establecer si Ordosgoitia llegó a algún compromiso con los jefes paramilitares, aunque de antemano dijo no haberse beneficiado y prueba de ello, según afirmó, fue que no pudo mantener su escaño en las elecciones de 2002, según informa la prensa local.

Al igual que el ex director del Inco, la ex congresista Eleonora Pineda se sometió a un largo interrogatorio por parte de un fiscal de la misma unidad. Su declaración fue más extensa. Pineda se refirió a los motivos por los que asistió a la reunión, que congregó a casi una treintena de dirigentes políticos, entre congresistas, gobernadores, alcaldes y funcionarios de algunos gobiernos departamentales.

Entre los detalles que facilitó a la Fiscalía, Pineda manifestó que firmó el documento con plena responsabilidad de lo que estaba haciendo y que conocía el contenido del acuerdo.

Simultáneamente, el gobernador del departamento del César, Hernando Molina, completa hoy 36 horas de declaración ante el Ministerio Público y que inició el pasado 12 de marzo por presuntos nexos con el paramilitarismo.

Desde entonces ha acudido en cuatro largas jornadas a la Fiscalía. Molina podría ser el segundo gobernador con vínculos con los grupos de autodefensa si se confirman estos nexos con los paramilitares del Bloque Norte. Las denuncias le acusan de haber manejado recursos de Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', cuando era cónsul en Guatemala.