BOGOTÁ, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Estado de Colombia ha rechazado este lunes la petición de la exsenadora Piedad Córdoba de suspender provisionalmente las sanciones en su contra por sus presuntos vínculos con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La Procuraduría General de Colombia ordenó en septiembre de 2010 la destitución de Córdoba y la inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 18 años. La decisión fue tomada en base a documentos encontrados en los ordenadores del fallecido 'número dos' de las FARC Raúl Reyes.
Según la Procuraduría, la exsenadora "colaboró y promovió a las FARC durante el periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 20 de noviembre de 2007, así como en momentos anteriores y posteriores a los años 2007, 2008 y 2010".
Córdoba ha insistido en que la decisión de la Procuraduría responde a intereses políticos del Gobierno de Juan Manuel Santos y su antecesor, Álvaro Uribe, debido a que sus contactos con las FARC tenían como único objetivo negociar la liberación los secuestrados con el consentimiento del presidente.
La ahora exlegisladora interpuso una tutela porque considera que su inhabilitación equivale a la pérdida de su investidura, decisión sobre la cual ese organismo no tiene competencia para pronunciarse.
En el fallo emitido este lunes, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado indica que, en este caso, "no cabe aludir a la existencia de la acción constitucional de pérdida de investidura de los congresistas como justificación de la imposibilidad de que éstos sean objeto de sanciones disciplinarias, pues se trata de dos acciones diferentes que no es posible confundir".
Aunque el Consejo de Estado reconoce que Córdoba desempeñaba una labor humanitaria, aclara que "resulta imposible acceder a la solicitud de suspensión provisional dado que se requiere examinar el supuesto acto de delegación, lo que implicaría aportar una prueba en tal sentido".
Córdoba está entonces en la obligación de aportar pruebas que sustenten el argumento de que los contactos con las FARC los realizó con la autorización de Uribe con el objetivo de lograr una salida negociada a la crisis de una veintena de rehenes en poder de los rebeldes.
El Consejo de Estado también ha negado las pretensiones de la exparlamentaria frente a los supuestos prejuicios que le habría causado la decisión de la Procuraduría por haber dejado de percibir el sueldo del Senado.
Por tanto, hasta que no se demuestre que la sanción emitida por la Procuraduría va en contra de la ley o fue emitida de forma irregular, no podrá decretarse suspensión de dicho fallo sancionatorio.