Actualizado 07/10/2009 19:20

Colombia.- Detectives privados cobraban 3.600 euros mensuales a la Inteligencia colombiana por hacer escuchas ilegales

Policías judiciales y operadoras de telefonía móvil también estarían detrás de las interceptaciones ilegales


BOGOTÁ, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agencias de detectives cobraban unos 10 millones de pesos mensuales (3.600 euros) por realizar escuchas ilegales en complicidad con los funcionarios de la Central de Inteligencia colombiana, afirmó este martes el director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Felipe Muñoz.

Muñoz dijo que no han obtenido la ayuda suficiente de parte de los funcionarios del DAS para esclarecer el escándalo de las interceptaciones telefónicas ilegales que se realizaron a periodistas, políticos, magistrados y funcionarios del gobierno durante las campañas electorales del año 2002 y 2006.

Las agencias de detectives privadas que colaboraban con el DAS operan en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín, cobrando tarifas mensuales de hasta 10 millones de pesos (3.600 euros). Dentro de sus servicios ofrecían entregar cada cuatro semanas CDs con las escuchas ilegales realizadas, explicó Muñoz.

El director del DAS pidió a la Cámara de Representantes determinar una sesión privada para mostrar un vídeo en el que revela el 'modus operandi' del "cartel de detectives privados" que colaboraba con la Inteligencia en complicidad con agentes de la Inteligencia, funcionarios de la Policía Judicial y operadoras de telefonía celular, informó Caracol Radio.

Las escuchas ilegales se han convertido, al parecer, en un procedimiento sencillo porque, según explicó Muñoz, sólo se necesita comprar un "pin especial" que se puede conseguir en un sector comercial de Bogotá, el cual permite intervenir las conversaciones por los teléfonos móviles.

DEBATE PARLAMENTARIO

La Cámara de Representantes continuará este miércoles el debate que comenzó el martes en el marco de la investigación que tiene como principal objetivo determinar el origen y la responsabilidad de las 'chuzadas' que generaron uno de los peores escándalos de la política de ese país.

El vicefiscal general encargado del caso, Fernando Pareja, denunció ante los parlamentarios que las 'chuzadas' (escuchas ilegales) hechas a uno de los magistrados eran formales pero no legales, motivo por el cual decidieron abrir una investigación para determinar las razones de estos actos.

Pareja comentó que en Colombia hay 24 salas de interceptaciones que están bajo la dirección de la Fiscalía, las cuales realizan escuchas pero con el objetivo de combatir el crimen organizado. Esta plataforma la conforman algunos organismos de las Fuerzas Armadas, pero no involucra a la Procuraduría General de la Nación.

A este respecto, el diputado Augusto Posada, uno de los promotores del debate, aclaró que tiene información de la Procuraduría que revela que "nunca" se establecieron protocolos sobre las interceptaciones ilegales, por lo que no saben quienes han sido 'chuzados' ni por qué motivos.