La Corte Suprema traslada el caso a la Fiscalía al asegurar que carece de competencias
BOGOTÁ, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El parlamentario conservador colombiano William Montes sigue siendo el vicepresidente de la Comisión Quinta del Senado y el dirigente liberal Freddy Sánchez continúa en campaña electoral para el Gobierno del departamento de Córdoba, a pesar de que ambos firmaron el acuerdo secreto con los paramilitares en la localidad de Santa Fe del Ralito en julio de 2001.
Montes presidió en la Comisión el trámite del proyecto Agro Ingreso Seguro la semana pasada y el senador Jorge Robledo pidió su retirada, solicitud que no fue acogida por los congresistas uribistas. Sobre Sánchez, algunos parlamentarios liberales ya han comenzado a hablar de la inconveniencia de su candidatura.
"Es un mal mensaje que envía Colombia", insistió Robledo sobre el caso de Montes, quien fue retirado del conservatismo, pero sigue con las funciones de vicepresidente en la Comisión Quinta del Senado, mientras que sobre el candidato en Córdoba, afirmó que "le diría a la gente que no voten por ese señor", según informa la prensa local.
Igual percepción tiene la congresista uribista Gina Parody. "Los partidos tienen que buscar acuerdos para que este tipo de candidatos no sigan ejerciendo la política como si nada. Con estos comportamientos, el ciudadano pierde la confianza en la política", manifestó.
A pesar de estas críticas, los senadores conservadores defienden la permanencia de Montes en su cargo de vicepresidente de la Comisión Quinta, ya que opinan que "una cosa son las decisiones del partido y otras las funciones que él juró cumplir".
El senador Luis Humberto Gómez añadió que "en Colombia hay que ser respetuosos del debido proceso y no debemos actuar de manera apresurada. El senador Montes es inocente hasta que se pruebe lo contrario".
EL SUPREMO TRASLADA EL CASO A LA FISCALÍA
Por otro lado, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió ayer que carece de competencia para investigar y juzgar a los políticos que firmaron el llamado acuerdo de Ralito, por lo que dejó en manos de la Fiscalía el caso de Luis Carlos Ordosgoitia, ex director del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), y uno de los ex parlamentarios que suscribieron el documento.
La Procuraduría General de Colombia había pedido a la Corte que siguiera con las investigaciones incluso si los firmantes de Ralito ya no eran parlamentarios o hubieran renunciado a su fuero.
En la misma sesión, el tribunal también negó una petición de los congresistas detenidos para que familiares y amigos pudieran visitarlos sin restricción, y trasladó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC) la decisión sobre el lugar de reclusión de los parlamentarios.