Actualizado 25/09/2015 10:26

Ex fiscal jefe del TPI defiende el acuerdo sobre justicia transicional

BOGOTÁ, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Luis Moreno Ocampo, ha sostenido que el acuerdo de justicia transicional suscrito por el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) respeta las normas internacionales.

   En una entrevista concedida a RCN Radio, Moreno Ocampo se ha mostrado seguro de que el TPI dará su visto bueno a este pacto, basándose en su experiencia como fiscal jefe (2003-2012) y, en concreto, en los casos sobre Colombia que ha estudiado desde este cargo.

   El jurista argentino ha considerado que la última visita de su sucesora en el cargo, Fatou Bensouda, ha sido clave porque este acuerdo de paz recoge las recomendaciones realizadas por el TPI en materia de cumplimiento de penas.

   El acuerdo sobre justicia transicional ha suscitado dudas sobre su respeto al Estatuto de Roma --que prohíbe la impunidad para crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio-- porque propone penas alternativas a la cárcel para los combatientes que admitan su culpa.

   El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, es uno de los defensores de esta tesis. "Omitir la pena de prisión para los máximos responsables de los más execrables crímenes tendría la consecuencia de convertir el acuerdo en un acuerdo de impunidad", ha dicho.

   El Gobierno, por su parte, ha asegurado que "los crímenes que más les duelen a los colombianos no quedarán impunes" porque todos serán juzgados, mientras que la Fiscalía ha garantizado que los delitos que caen en la jurisdicción del TPI no serán amnistiados.

JUSTICIA TRANSICIONAL

   El acuerdo suscrito este miércoles en La Habana por el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla crea una jurisdicción especial para la paz que se aplicará tanto a insurgentes como a agentes del Estado y que sustituirá la cárcel con penas alternativas.

   Es el cuarto acuerdo que se cierra en el diálogo de paz, tras los de desarrollo agrario y rural, participación política y cultivos de drogas. Por delante quedan el pacto sobre fin del conflicto --desarme-- y sobre los mecanismos de refrendación, implementación y verificación.

   Las partes se han dado seis meses a partir del 23 de septiembre para firmar un acuerdo de paz definitivo que será el que dé validez a lo consensuado anteriormente, ya que negocian bajo el principio de que 'nada está acordado hasta que todo esté acordado'.