BOGOTÁ, 24 Nov. (Notimérica) -
El Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han firmado el nuevo acuerdo de paz.
Este jueves, a las 11.00 (17.00 en la España peninsular) en el Teatro Colón de Bogotá, Santos y el líder de la guerrilla, Rodrigo Londoño Echeverri, alias 'Timochenko', han sido los encargados de sellar el nuevo acuerdo.
Tras rubricar su firma en la última página del acuerdo impreso, ambos se han dirigido a los colombianos. El primero en hablar ha sido 'Timochenko' que ha defendido que "la palabra debe ser la única arma que utilicen los colombianos". Por su parte, Santos ha reconocido que este nuevo acuerdo "es mejor que el que firmamos en Cartagena porque recoge las obvservaciones de la inmensa mayoría de los colombianos".
Este nuevo acuerdo tiene varios cambios donde se recogen todos los puntos, que los que votaron 'no', han indicado que es necesario para que se produzca la paz en Colombia. El nacuerdo hace precisiones sobre los derechos de la propiedad privada, un tribunal especial de justicia y los sitios de confinación en los que los rebeldes deben cumplir sus penas privativas de la libertad de entre cinco y ochos años por los crímenes cometidos durante el conflicto armado de más de 52 años.
Además, incluye aclaraciones sobre la lucha contra el narcotráfico, obliga a la guerrilla a entregar todos sus bienes para indemnizar a las víctimas y establece que la implementación de los acuerdos se hará sin poner en riesgo la estabilidad fiscal del país
LA SORPRESA DEL 'NO'
Los colombianos han asistido estos meses a un sinfín de momentos históricos que comenzaron el 23 de junio, con el anuncio del "fin del conflicto", y culminaron el 24 de agosto, cuando los negociadores de Gobierno y FARC anunciaron al mundo que había acuerdo.
Ese día ambos creyeron que estaban firmando el final de una guerra que ha desangrado por completo a Colombia --así lo atestiguan cerca de ocho millones de víctimas--, pero aún faltaba un último filtro: el plebiscito al que Santos se había comprometido.
El 2 de octubre solo 13 de los 35 millones de colombianos habilitados acudieron a las urnas para expresar su opinión sobre el acuerdo de paz negociado los últimos cuatro años en La Habana. El 50,21 por ciento dijo 'no' y el borrador quedó invalidado por 53.894 votos.
Este resultado llenó de incertidumbre el proceso de paz en Colombia porque ninguna de las partes, ni siquiera quienes habían defendido el 'no', se esperaban que los colombianos frustraran una oportunidad única para acabar con la contienda más antigua del hemisferios occidental.
Tocaba improvisar. Gobierno y FARC accedieron a sentarse otra vez a la mesa de negociaciones, donde analizaron más de 500 propuestas formuladas por líderes políticos, sociales y religiosos y grupos de víctimas para intentar integrarlas en el nuevo texto.
El 12 de noviembre, después de "interminables sesiones de trabajo", las delegaciones de paz lograron cerrar un acuerdo modificado que, según han defendido las partes, incluye cambios en "temas fundamentales" sin traicionar el espíritu de la versión original.
"Hoy, con humildad, reconozco que este acuerdo es mejor en cuanto resuelve muchas críticas e insatisfacciones", dijo el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle. "Ha sido fabricado en un ejercicio leal de democracia y diálogo sincero", destacó.
EL NUEVO ACUERDO
Los ajustes se centran en los apartados de justicia transicional, participación política, reforma agraria y narcotráfico, los principales caballos de batalla de la campaña por el 'no', y sobre los que había escaso margen de negociación con las FARC.
El nuevo acuerdo presenta cambios en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP),encargada de juzgar a todos los responsables de las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas con motivo de la guerra, pero lejos de las altas aspiraciones del 'no'.
Las partes han accedido a limitar a diez años el funcionamiento de la JEP; a reservar su ejercicio a los jueces colombianos --si bien los juristas internacionales podrán participar como 'amicus curiae'--; y a especificar dónde y cómo deberán cumplirse las penas.
Sin embargo, se mantienen los tres tipos de sanción: entre cinco y ocho años de restricción de libertades y derechos para quienes aporten verdad; entre cinco y ocho años de privación de libertad para quienes admitan su culpa tardíamente; y hasta 20 años de cárcel para quienes se nieguen a confesar.
Sobre el delito de narcotráfico, las partes han indicado explícitamente que su calificación como conexo a los delitos políticos, y por tanto amnistiable, se decidirá "caso por caso", con la obligación para los procesados de "entregar información detallada para que se puedan establecer responsabilidades".
Uribe y Pastrana habían reclamado que en el mismo documento se calificara al delito de narcotráfico como no conexo para evitar que los crímenes relacionados con el tráfico de drogas quedaran impunes gracias al acuerdo de paz.
En cuanto a la participación política, "se ha excluido explícitamente a las FARC de la posibilidad de presentar candidatos en las circunscripciones especiales para la paz" y se ha reducido la financiación del partido que surja de la guerrilla.
Pero las FARC tendrán garantizada una representación mínima de cinco senadores y cinco diputados durante los próximos dos períodos electorales y, hasta entonces, contarán con tres portavoces en el Senado y otros tres en la Cámara de Representantes para participar "exclusivamente" en los trámites relacionados con el acuerdo de paz.
La mayor victoria de los partidarios del 'no' ha sido en el punto sobre desarrollo agrario y rural, porque han obligado a las partes a garantizar el derecho a la propiedad privada e incluir a la industria "como parte de las soluciones para el desarrollo del campo".
En la otra cara de la moneda, el 'uribismo' no ha conseguido que el acuerdo de paz quede excluido del llamado bloque constitucional. Gobierno y FARC quieren dar al texto la protección de la Carta Magna para blindarlo frente a futuros cambios políticos.
BATALLA EN EL CONGRESO
Santos ya ha anunciado que tanto la refrendación como la implementación de este segundo borrador se hará a través del Congreso, donde cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados, con 99 de los 166 escaños, y en el Senado, aunque más ajustada, con 52 de 102 asientos.
A pesar de la hegemonía gubernamental en el Parlamento, Santos se ha propuesto lograr un apoyo más amplio y ha convocado una cumbre urgente de partidos. "La idea es consolidar una mayoría que dé legitimidad al nuevo acuerdo", ha explicado el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo.
Desde Centro Democrático, el partido de Uribe, han avanzado su 'no' y han propuesto celebrar unas elecciones legislativas antes de que el Congreso inicie los trámites sobre el texto enmendado, "para que los colombianos puedan elegir realmente congresistas que los representen".
El Gobierno y las FARC han alertado a los defensores del 'no' de que el tiempo para aprovechar esta oportunidad histórica se agota. Prueba de ello es la fragilidad de la tregua: el 15 de noviembre se produjo la primera violación con la muerte de dos guerrilleros abatidos por el Ejército.
"Hacemos un llamado patriótico y sincero a los colombianos, a aquellos que votaron 'sí', a los que votaron 'no' y a aquellos que no participaron en el plebiscito: Llegó la hora de avanzar. Llegó la hora de unirnos alrededor de este nuevo acuerdo (...) para la consolidación del fin del conflicto y la construcción de la paz", ha pedido De la Calle.
Santos considera que, pese a lo crítico del momento, "hay amplias razones para tener esperanza". "Todos los colombianos quieren vivir en una nación donde los vestigios de la guerra sean sólo eso: reliquias del pasado", ha confiado.