BOGOTÁ, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
La fiscal general de Colombia, Viviane Morales, ha solicitado al Tribunal Superior de Bogotá que adelante la audiencia de imputación de cargos por concesión ilícita de contratos y apropiación indebida de bienes públicos contra Andrés Felipe Arias, ex ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.
Morales prevé adelantar también la medida de aseguramiento en su contra, que permitirá controlar los bienes del ex ministro para, en caso de que resulte ser culpable, asegurar el reintegro de los recursos públicos disipados, según recoge el diario 'El Tiempo'.
Arias es una de las 50 personas implicadas en el caso Agro Ingreso Seguro (AIS), entre ellas se encuentra Andrés Fernández, otro ex ministro de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de Álvaro Uribe. Hasta el momento, cuatro ex funcionarios de este ministerio han ingresado ya en prisión por este mismo caso.
La Fiscalía aduce la existencia de irregularidades en el proceso de concesión y ejecución de los contratos sucritos entre dicho ministerio y el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria, como parte del programa gubernamental AIS. En opinión de Morales, ninguno de los dos ministros cumplió con su obligación de velar por el buen uso de los recursos públicos, ni con las normas de transparencia y equidad que debían inspirar sus funciones.
La acusación ha conseguido documentar la omisión de estos deberes, aportando una auditoría del año 2007, en la que ya se advierte del riesgo de que "los proponentes manipulen la información de tal manera que el monto efectivo del subsidio termine siendo superior", algo que ocurrió un año después, cuando se fraccionaron los proyectos para recibir varias subvenciones públicas.
Como consecuencia de ello, las ayudas destinadas a pequeños y medianos agricultores para mejorar su competitividad de cara a la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos recayeron finalmente en manos de grandes empresarios del sector, que estaban excluidos de este programa.
Por su parte, Arias alega que cuando llegó al cargo ya se habían concedido todos los contratos del AIS, por lo que únicamente se limitó a autorizar su ejecución. Así, considera que las posibles irregularidades deben ser atribuidas a su antecesor y al equipo técnico del ministerio, mientras que su actuación debe quedar amparada por el principio de la buena fe.
"Como ministro, mi función se reducía al diseño general y orientación conceptual de la política pública y por lo tanto debía confiar en el equipo técnico encargado y delegado para desarrollar y vigilar la adecuada ejecución del objeto de los convenios", ha defendido.