BOGOTÁ, 26 Jul. (Colprensa/EP) -
El fiscal General de Colombia, Eduardo Montealegre, ha anunciado que analizará el vídeo en el aparece la exsenadora Piedad Córdoba exhortando a los indígenas a sacar a la fuerza pública del departamento de Cauca (suroeste) para determinar si incurrió en algún delito.
"Creo que antes de tomar una determinación sobre ese punto debemos hacer un análisis integral del vídeo y del contexto en el cual se produjeron esas declaraciones. Hasta que hagamos esa valoración no podría informar si va a existir algún tipo de investigación", ha dejado claro Montealegre.
Horas antes, el procurador general de la República, Alejandro Ordóñez, había pedido investigar a Córdoba por supuestamente instigar a campesinos del Cauca a desalojar a las fuerzas militares que fueron desplegadas para contener la violencia promovida por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Ordóñez fue quien en septiembre de 2010 resolvió inhabilitar a Córdoba para ejercer cualquier cargo público por un período de 18 años por sus presuntos vínculos con las FARC, versión que niega la exsenadora y varias organizaciones dentro y fuera de Colombia.
En el vídeo, divulgado por varios medios locales, la exparlamentaria instó a los indígenas a continuar con las acciones para evitar la presencia militar, sin referirse a las bases que han instalado los guerrilleros. "Decimos al Gobierno que vamos a resistir hasta lo que sea necesario y que vamos a acompañar a la comunidad", expresó.
El fiscal general ha dejado claro que la Constitución establece que "la protesta social no puede ser punible y no se puede criminalizar, salvo que esa protesta termine en actos de violencia". Tampoco descarta la posibilidad de que los rebeldes se hayan infiltrado en las organizaciones campesinas, aunque ha indicado que este asunto todavía se está investigando.
El conflicto en Cauca se agravó la semana pasada, cuando los indígenas del municipio de Toribío, el más afectado por la violencia, comenzaron a desmantelar las bases del Ejército y de la Policía y desalojaron a los efectivos por la fuerza.
De momento, los enfrentamientos se han saldado con un total de cinco muertos --dos indígenas y tres integrantes de la fuerza pública-- y unos 3.000 desplazados por la violencia, solo en Toribío.
Las FARC aseguraron el miércoles en un comunicado su compromiso de retirarse de la zona, pero el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, advirtió de que el grupo "solo dice mentiras".
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha justificado la presencia de soldados en esa zona debido a los intensos ataques de la guerrilla contra objetivos militares.