Actualizado 19/11/2014 11:45

La Fiscalía de Colombia investigará la "retención indebida" del general Alzate

BOGOTÁ, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, ha ordenado abrir una investigación por "la retención indebida" del general Rubén Darío Alzate, secuestrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

   Las pesquisas, que han sido encomendadas a la Dirección de la Fiscalía Especializada contra el Terrorismo, también incluirán la captura del cabo Jorge Rodríguez y de la abogada del Ejército Gloria Urrego, que acompañaban a Alzate.

   Alzate y sus dos compañeros fueron secuestrados cuando navegaban por el río Atrato en dirección al corregimiento de Las Mercedes, en el departamento de Chocó, para reunirse con líderes locales, por guerrilleros del Bloque Iván Ríos de las FARC.

   "En la mañana de hoy la Fiscalía General ha sostenido contacto de alto nivel con el Gobierno para acelerar el desarrollo de la investigación, que se encuentra en etapa de indagación", ha informado en un comunicado.

   La Dirección de Fiscalía Especializada contra el Terrorismo "también ha iniciado una investigación por la retención indebida de los soldados César Rivera Capela y Jonathan Andrés Díaz Franco, ocurrida el 9 de noviembre en el municipio de Tame, Arauca".

SUSPENSIÓN DEL DIÁLOGO DE PAZ

   Estaba previsto que los negociadores del Gobierno viajaran el lunes a La Habana para reanudar el diálogo de paz con las FARC, pero el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, suspendió el viaje hasta que se aclarara el secuestro de Alzate.

   El Gobierno considera que estas acciones violan la firme promesa que el Secretariado de las FARC hizo a principios de 2012, como paso necesario hacia el inicio de un eventual diálogo de paz, de renunciar al secuestro de ciudadanos colombianos con fines extorsivos, que constituía una de sus principales fuentes de financiación.

   Las FARC, por su parte, han confirmado que tienen en su poder a estos cinco secuestrados, pero han aclarado que no son rehenes sino "prisioneros de guerra" y han expresado su voluntad de "dialogar" con el Gobierno para conseguir su liberación.