BOGOTÁ, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Procuraduría General de Colombia ha negado "tajantemente" ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tenga una "posición político-religiosa" y que como consecuencia de ello haya vulnerado los derechos sexuales y reproductivos de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI).
"La Procuraduría General niega tajantemente que tenga una posición político-religiosa", ha dicho la representante del Ministerio Público de Colombia Ilva Myriam Hoyos, en su comparecencia ante el alto tribunal de este jueves.
"Jamás hemos desconocido los Derechos Humanos --de ninguna comunidad--, incluidos los sexuales y reproductivos, ni hemos manipulado el poder del Estado", ha añadido, en declaraciones recogidas por el diario colombiano 'El Tiempo'.
A este respecto, ha aseverado a la CIDH que la Fiscalía se opone a cualquier acto de hostigamiento y persecución que atente contra los Derechos Humanos de cualquier persona que se encuentre en el país iberoamericano.
En consecuencia, ha sostenido que todas las actuaciones de la Procuraduría General se enmarcan en su ámbito competencial y, además, son objeto de revisión constante, por lo que ha invitado a la CIDH a comprobar que no son arbitrarias.
Si bien, ha admitido que el Estado colombiano cuenta con escasos medios para garantizar el cumplimiento de los Objetivos del Milenio fijados por Naciones Unidas, especialmente en los relativos a los derechos de las mujeres.
Hoyos ha respondido así a la denuncia presentada el pasado miércoles por un total de 18 ONG por la "falta de control" del Estado colombiano sobre el procurador general, Alejandro Ordóñez, ante su "abuso del poder".
"Vamos a la CIDH para denunciar la falta de control del Estado sobre el abuso del poder del procurador general, que desconoce los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, cuya omisión puede generar la responsabilidad internacional de Colombia", dijeron en un comunicado conjunto.
Las ONG han argumentado que Ordóñez "no es un funcionario imparcial en la garantía de los Derechos Humanos, sino que, por el contrario, persigue, hostiga y criminaliza a los defensores y las defensoras de derechos sexuales y reproductivos".
Así, han lamentado que, a pesar de que "a la Procuraduría General "le corresponde la protección y la promoción de todos los Derechos Humanos, los derechos sexuales y reproductivos, que permiten que los individuos puedan tomar decisiones libres, informadas y autónomas, han estado sin protección ni promoción" a causa de Ordoñez.
La portavoz de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres --una de las ONG firmantes--, Juanita Candamil, ha indicado que la más afectada por "las interpretaciones restringidas" del procurador general es la comunidad de LGBTI.
Candamil también ha denunciado que la Procuraduría General ha emprendido una persecución judicial contra los líderes de las organizaciones humanitarias que se ocupan de los derechos sexuales y reproductivos.